El envejecimiento y la falta de crecimiento empujan a retrasar la jubilación

El Gobierno aprueba este viernes el retraso de la edad de la jubilación de los 65 a los 67 años, alegando que la población envejece y debe garantizar las pensiones futuras, aunque no hay que olvidar las débiles perspectivas de crecimiento y de empleo, según expertos.

El Ejecutivo aprobará la medida en la línea de otros países europeos y de las recomendaciones de la Comisión Europea incluso antes de la crisis, junto con otras instituciones financieras.

Esta reforma es "absolutamente necesaria para evitar la quiebra del sistema" actual, explica a la AFP Jordi Fabregat, director del máster de Finanzas de la escuela de negocios ESADE.

En España, las pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, ente que desde hace años y a pesar de la crisis y del fuerte aumento del desempleo, tiene superávit, a lo que se añade un fondo de reserva de 65.000 millones de euros.

El Estado calcula que podrá pagar las pensiones hasta 2030, pero advierte de que en torno a 2050, los mayores de 64 años se duplicarán y serán el 32% de la población.

Trabajar más años "es la única medida que garantiza más cotizaciones y a la vez menos prestaciones por jubilación", según Fabregat.

"Con un problema demográfico como el que tiene nuestro país" y "una tasa de productividad especialmente baja", la reforma es "totalmente" necesaria, corrobora Pablo Vázquez, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) prevé para las próximas décadas un escenario de "reducida" tasa de crecimiento poblacional, con 10 personas en edad de trabajar por cada nueve inactivas, y menos inmigración.

El argumento demográfico lo refuta el catedrático Vicenç Navarro, que estima que el aumento de la esperanza de vida no significa necesariamente vivir más años, sino que niños, adolescentes y adultos "vivan más años ahora que antes". Aunque se viva más años, no necesariamente se está sano más tiempo, y la clase social incide considerablemente en los años de vida, apunta. "Un burgués vive 10 años más que un trabajador no cualificado con más de dos años en paro", por lo que "tratar a todos por el mismo rasero es profundamente injusto", estima Navarro, de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

Para Fabregat, "la principal incógnita" es si la economía española crece, ya que ello "permitiría aumentar las cotizaciones".

En la misma línea, los principales sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, que se oponían a la reforma por estimar que se ataca el bienestar de los trabajadores, proponen centrarse en crear empleo y de calidad "cambiando el modelo productivo". En un momento en que un 20% de la población activa está en paro, sugieren abandonar la "elevada precariedad e inestabilidad en el empleo", los "trabajos de baja cualificación y bajos salarios", "mejorar los sistemas de formación" y "combatir el abandono escolar", además de aumentar el empleo de mujeres, jóvenes y mayores de 55.

Pero parece difícil dadas las magras perspectivas de crecimiento y de creación de empleo. Tras dos años de crecimiento negativo, éste podría empezar a despuntar este año con un 0,6% y un 1,5% en 2012, para crecer por encima del 2% a partir de 2013, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras el desempleo debe bajar al 16,2% en 2013, según el Gobierno.

Para Navarro, el incremento del número de trabajadores y de personas que cotizan, del 60% de la población actual al 75%, el aumento de la productividad y por ello de los salarios garantiza las pensiones del futuro.

Pero según Fabregat, aunque "España volverá a crear empleo cuando crezca al 2%, esto será insuficiente debido a la estructura de la pirámide de población".

Además, muchos sugieren una jubilación flexible y mientras algunos proponen que si no basta con la Seguridad Social, las pensiones procedan también de los presupuestos públicos e impuestos, como en otros países, Comisiones Obreras defiende un sistema "autosuficiente" y por ende "más protegido de intentos de recorte", según Carlos Bravo, secretario de Seguridad Social de CCOO.