La compañía hispano-argentina ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con el que pagará a los demandantes 8 millones de dólares y evitará, de ese modo, acudir a juicio.
Repsol rebajó en enero de 2006 su cifra de reservas en un 25 por ciento, lo que provocó entonces un desplome automático de la cotización y, más tarde, una revisión completa de las cifras. El acuerdo ha sido aprobado por un tribunal de Nueva York. Repsol YPF lo ha confirmado en una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La petrolera (REP.MC)se muestra además satisfecha porque el acuerdo, que evita el inicio de un proceso judicial y exime al grupo de cualquier responsabilidad. Además, las partes renuncian a emprender nuevas acciones judiciales sobre este mismo asunto.
La petrolera, satisfecha
El pacto con los abogados de los accionistas es además el "último trámite jurídico" relacionado con el recorte de las reservas de hidrocarburos de la petrolera, de modo que ya no queda "níngun fleco abierto" que obligue al grupo presidido por Antonio Brufau a realizar nuevas indemnizaciones, señalan las mismas fuentes.
De los 5,8 millones de la indemnización, una parte irá destinada al pago de los honorarios de los accionistas, que demandaron a Repsol YPF por la pérdida de valor de sus acciones relacionado con la revisión de las reservas.
Repsol YPF sostiene que el impacto de este anuncio sobre las acciones fue "mínimo" en Nueva York, y advierte de que los propios letrados de la parte contraria han reconocido que ganarían menos dinero si hubieran llegado a juicio.
El desembolso será "mínimo"
El acuerdo ha sido registrado ante el Juzgado del Distrito Sur de Nueva York, de carácter federal y especializado en las vías civil y penal. La compañía cree que el desembolso final será "mínimo" en comparación al que otras petroleras realizaron en el pasado por casos parecidos.
De hecho, sobre Repsol YPF pesaba la posibilidad de que la Justicia estadounidense adoptase una decisión tan estricta como la que obligó a Shell a desembolsar más de 300 millones de dólares por una reducción de reservas probadas.
En su día, Brufau rechazó cualquier analogía con el escándalo de la compañía anglo-holandesa, que se saldó con la dimisión en marzo de 2005 de su entonces presidente y del director de exploración y producción.
Información falsa y 'engañosa'
Poco después de que Repsol YPF anunciara el recorte, el bufete estadounidense Schiffrin & Barroway presentó una demanda colectiva contra la petrolera por difundir supuestamente información "falsa y engañosa", relacionada entre otras cuestiones con la revisión de las reservas, con el propósito de "inflar artificialmente" el valor de los títulos de la compañía.
La demanda se refería a operaciones realizadas entre el 28 de julio de 2005 y el 27 de enero de este año, e incluía presuntas violaciones de la ley de operaciones mercantiles Securities Exchange Act, creada en 1934.
En concreto, el bufete consideraba que Repsol no informó de algunos aspectos "adversos" para el mercado, como las modificaciones en sus reservas probadas, la repercusión sobre su negocio de los cambios legislativos en Bolivia y los problemas de producción en Argentina. Además, hizo un llamamiento a los inversores para que se sumaran a la demanda.
25% menos de reserva
A finales de enero de 2006, Repsol YPF anunció un descenso del 25% en sus reservas probadas de crudo y gas. Aquella noticia provocó pérdidas de las acciones de Repsol ADRs en la Bolsa de Nueva York de un 7% (2,12 dólares por título). Al día siguiente, el valor se apuntó otro retroceso del 4,79%, o de 1,34 dólares, hasta 26,65 dólares.
De aquel descenso en las reservas, el 52,5% correspondía a Bolivia, mientras que el 40,6% era achacable a Argentina, y un porcentaje menor afectaba a los recursos en Venezuela y Argelia. La empresa calculó que el recorte tendrá una incidencia de 50 millones en el beneficio de 2005, y de entre 160 y 170 millones en el de este año.
Tras anunciar el recorte de sus reservas, Repsol YPF nombró un grupo de trabajo dependiente de su comisión de auditoría formado por expertos independientes para determinar los errores y responsabilidades que provocaron el recorte.