La idea esbozada por los dirigentes europeos de que los inversores privados acudan en el futuro al rescate de los países en dificultades ha enviado señales contradictorias a los mercados sobre la capacidad de algunos Estados de pagar su deuda.
"Ver a un Estado quebrar o que es incapaz de devolver su deuda, es un tabú absoluto, algo inimaginable", asegura un responsable de un país de la zona euro, consciente -ante el nerviosismo de los mercados- de que es necesario "reiterar un mensaje: no habrá reestructuración".
Es precisamente la "reestructuración" de la deuda lo que origina el actual brote febril que asalta los mercados. "La principal inquietud es que pueda haber en un momento dado una reestructuración de la deuda, bajo una forma u otra", explica Ben May, economista de Capital Economics.
Este término técnico abarca varias posibilidades: un Estado puede negociar con sus acreedores un "reescalonamiento" de la deuda, ampliando los plazos de la devolución de la deuda; pedir una rebaja de la suma adeudada; intentar obtener tipos de interés más favorables; y, en fin, en el caso más extremo, puede cesar los pagos ('default') de una o varias partes o plazos de lo adeudado.
Hasta ahora, los europeos han descartado este riesgo, que provoca pavor entre los que poseen obligaciones de los Estados más frágiles de la zona euro, generalmente bancos o establecimientos financieros.
Por ello, las autoridades europeas acudieron al rescate de Grecia y luego de Irlanda. El objetivo es que, una vez saneadas sus finanzas, estos países puedan volver a pedir prestado en los mercados y, así, seguir devolviendo sus antiguas deudas.
Sin embargo, bajo presión de Alemania, los europeos han implementado nuevas reglas de juego que entrarán en vigor a mediados de 2013.
La zona euro se ha dotado de un mecanismo permanente de rescate de Estados en dificultades, calcado del fondo temporal utilizado para Irlanda. Pero con una diferencia: cualquier país que solicite ayuda mediante este mecanismo será sometido a un examen para saber si es solvente, es decir, si es capaz -aún con ayuda- de seguir devolviendo sus deudas. Y si es considerado insolvente, será obligado a "reestructurar" su deuda, lo que anuncia largas negociaciones con los acreedores.
El deseo de Berlín es que parte del riesgo de un eventual 'default' sea asumido por los inversionistas o acreedores privados, a menudo acusados de especular contra un país sin tener en cuenta su situación económica real.
El problema es que este mecanismo admite la eventualidad de una reestructuración, posibilidad descartada por numerosos países. Y hace planear sobre los acreedores privados la amenaza de tener que pagar para que sobrevivan los países más fragilizados.
"Pese a todo lo hecho desde hace varios meses, siguen vivos los temores de posibles reestructuraciones", constata Jesús Castillo, economista de Natixis. Según Castillo, los mercados temen que países incluso apoyados por sus socios -como es el caso de Grecia- "no recuperen un crecimiento lo suficientemente sólido como para estabilizar su deuda", especialmente porque los duros planes de austeridad frenan la actividad económica.
Ben May asegura que "si la deuda llega a límites insostenibles, es necesario reestructurar".
