Asegura que antes de prohibir una OPA hay que optar por la opción menos lesiva para la libertad empresarial
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, admitió hoy en el Congreso que el decreto ley que refuerza las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) admite "aspectos mejorables", y destacó la necesidad de "clarificar" la medida a la Unión Europea.
Respecto a la OPA de Gas Natural a Endesa, afirmó en la Comisión de Economía y Hacienda que "entre prohibir o aprobar una concentración, hay que optar por la opción menos lesiva para la libertad empresarial".
Sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Comisión Europea de modificar aspectos del decreto convalidado el pasado jueves, Solbes reiteró que las "cosas decididas por el Gobierno son explicables, aunque todo se puede mejorar. Este hecho "será debatido en su momento", indicó, añadiendo que hay que intentar clarificar a la UE las razones de los distintos temas".
Según recordó, el Consejo de Ministros intentó aplicar con su decisión de apoyar la OPA "nacional" con condiciones, el "principio de proporcionalidad entre medios y fines, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo español y con la comunitaria, que señala --insistió-- que no cabe prohibir una concentración sin antes descartar la existencia de posibles condiciones que resuelvan los problemas planteados".
Solbes se remontó a la decisión del Consejo de Ministros, en la que "explicó los problemas de competencia detectados en la operación, así como las condiciones sustantivas impuestas a Gas Natural para compensar dichos efectos negativos", teniendo en cuenta también los dictámenes preceptivos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC).
"Proteger la competencia, siguiendo los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica" es lo que el Ejecutivo pretendió, en palabras del ministro, estableciendo las mencionadas condiciones "para absorber problemas identificados por estos órganos, y garantizar que la empresa resultante no tuviese posiciones más fuertes de las que antes tenían ambas compañías".
Para el Gobierno, en el mercado de "aprovisionamiento y transporte de gas a España se producían efectos horizontales derivados de la adición de la cuota de aprovisionamiento de gas de Endesa, de la desaparición de esta compañía como compartido potencial significativo, y de participaciones de la eléctrica a proyectos de gaseoductos regasificadores".
"COMPENSAR EFECTOS NEGATIVOS"
Para compensar los efectos negativos, citó la imposición del Ejecutivo a la gasista a establecer programas de liberalización de gas por 3.000 millones de metros cúbicos, el 10% de la demanda total, que permanecería vigente hasta el año 2007. Endesa tendría que "vender las participaciones de las dos regasificadoras en las que participa así como cualquier participación accionarial superior al 1%", en relación al gas.
En cuanto a los mercados de generación y de integración vertical de las actividades de gas y electricidad, las consecuencias negativas se deben, según dijo, "al refuerzo del poder de mercado de la entidad resultante, y a la consecución de una posición privilegiada en restricciones técnicas en Cataluña y Andalucía.
Así, "de la enajenación de centrales de generación eléctrica peninsulares con capacidad de 4.300 megavatios de tecnologías retirables, y vida útil mínima de 10 años, al menos 400 megavatios deberán estar situados en estas comunidades".
Indicó que "se solventarían problemas horizontales obligando a la entidad resultante a vender negocios de comercialización de electricidad" de Gas Natural y Endesa respectivamente y a adoptar los "vínculos con competidores". Asimismo, sobre los posibles defectos de acción vertical y conglomerado, se ha obligado a vender "redes de distribución con un mínimo de millón y medio de puntos de suministro, que excede a lo aportado por Endesa", señaló.
CRÍTICAS DEL PP y REPROCHES SOCIALISTAS
Por su parte, el portavoz de Economía y Hacienda del PP, Miguel Arias Cañete, preguntó a Solbes si considera "inteligente el intervencionismo a golpe de real decreto ley".
Arias Cañete reiteró sus críticas al procedimiento del Ejecutivo en relación a la que calificó de "famosísima OPA" de Gas Natural sobre Endesa y le preguntó por qué el Gobierno no siguió la jurisprudencia tradicional del TDC y el Gobierno hizo "caso omiso del dictamen" del organismo. Además, le preguntó si cree que la OPA mejorará el sector energético
Por último, el portavoz de Economía del PSOE, Ricard Torres, consideró que el Gobierno defiende, principalmente con su decisión a consumidores, y lamentó el discurso partidista del PP. Asimismo, recordó al primer partido de la oposición las privatizaciones llevadas a cabo en su etapa y echó en cara otras acciones del Gobierno Aznar que contradicen, en su opinión, los actuales argumentos populares.
SOLBES RECHAZA LA TESIS PROTECCIONISTA.
A las críticas del PP, Solbes respondió que en muchos casos no se sigue jurisdicción tradicional tradicional del TDC, por lo que el Gobierno siguió la del Supremo. Reafirmó que "si sale la OPA de Gas Natural, se mejorará la competencia porque la entidad resultante será más pequeña en cada campo y dará lugar a una competencia mayor".
Solbes rechazó la tesis del proteccionismo en España y para ello repasó los distintos tipos de modelo de mercado que afecta a diferentes países como el de no privatización de empresas del sector energético y con la posibilidad de entrada de un tercero ( Francia, Italia, Portugal, Holanda o Grecia), el mercado liberalizado (Reino Unido), el de privatizaciones, a las que se suma la fusión de una empresa pública y otra privada (Alemania) y el modelo español, en el que se introduce esta regulación.
El vicepresidente económico recalcó que el Ejecutivo cree que se debería "jugar con barajas iguales y no marcadas a unos y no a otros". En este sentido, recordó que todavía "no hay política única en la Unión Europea en política energética.
