Sevilla acusa al PP de "boicotear" el Estatuto de la Función Pública por su rechazo al Estatuto de Cataluña
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El Gobierno quiere que los empleados públicos sean sometidos a evaluaciones periódicas y hacer depender de ellas una parte de sus retribuciones y su continuidad o no en el puesto de trabajo. En el caso de que no rindan en los puestos que tienen asignados, se les podría apartar de los mismos y cambiarles a una nueva tarea, sin perder por ello su condición de funcionarios.
Con esta filosofía, se trata de terminar con la presunción de que la Función Pública garantiza un puesto de trabajo de carácter vitalicio, hagan lo que hagan quienes los ocupan.
Así lo explicó hoy el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, durante su comparecencia en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso para presentar el anteproyecto del Estatuto de la Función Pública, una legislación que regula los aspectos básicos de la Función Pública, pero que deja potestad a las comunidades autónomas en su desarrollo.
Sevilla insistió en que el hecho de que en el Estatuto desaparezca la creencia de que los puestos de funcionarios son "para toda la vida" no tiene por objetivo "despedir" a los empleados públicos. Así, precisó que en el supuesto de que reciban evaluaciones negativas de manera reiterada podrían perder su puesto de trabajo, pero no su trabajo, es decir, que podrían ser trasladados a una nueva actividad sin dejar de ser empleados públicos.
"Yo no me quedo satisfecho con un modelo de Función Pública en el cual los funcionarios, hagan lo que hagan, sean inamovibles. Y tampoco que sean removibles en función de intereses políticos. La categoría de funcionario te garantiza el trabajo, pero no el puesto de trabajo si no se cumplen sus funciones", subrayó Sevilla.
No obstante, el titular de Administraciones Públicas precisó que el anteproyecto del Estatuto, que próximamente será aprobado en Consejo de Ministros, no determina qué mecanismos de evaluación se emplearán ni quién se encargará de realizar dichas evaluaciones, un aspecto que aún se tiene que desarrollar.
LOS AYUNTAMIENTOS, A REBAJAR SU TEMPORALIDAD.
Asimismo, el anteproyecto del Estatuto Básico de la Función Pública consagra, para el personal funcionario, los sistemas de provisión de puestos mediante concurso y libre designación con convocatoria pública. Además, introduce la carrera profesional horizontal, sistema que permitirá progresar laboralmente sin cambiar de puesto de trabajo y que complementa al actual modelo de carrera, basado en la movilidad. Ambos sistemas de ascenso irán ligados a una "evaluación objetiva" del desempeño profesional.
El Estatuto, cuya aprobación cumplirá con un mandato constitucional, moderniza los procesos de selección con la incorporación de nuevas pruebas distintas a las tradicionales, como entrevistas personales o pruebas psicotécnicas, y crea la figura del personal directivo, introduciendo un nivel personal y directo a la hora de responsabilizarse de los resultados de la gestión.
Un aspecto destacado es que el texto obligará, por ley, a los Ayuntamientos a rebajar su nivel de temporalidad actual, situado en el entorno del 30%, hasta por debajo del 10%. También estarán obligadas a hacerlo las comunidades autónomas, con las que ya existe un compromiso para avanzar en la reducción de su tasa de temporalidad.
EL ESTATUTO DE CATALUÑA 'SE CUELA' EN EL DEBATE.
El debate de este anteproyecto en el seno de la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso tuvo un marcado carácter político. Sevilla relacionó el rechazo que viene mostrando el PP a este texto con su postura contraria al Estatuto de Cataluña.
Para el ministro, que los 'populares' se opongan a un anteproyecto que comparte muchas similitudes con el que el propio Gobierno del PP presentó en 1999 no es más que una "decisión política" y un "boicot" que puede encuadrarse "en su campaña de recogida de firmas contra el Estatuto catalán".
Las discrepancias con el PP en torno al anteproyecto de la Función Pública, dijo, son de contenido y de qué competencias corresponden al Estado y a las comunidades autónomas, lo cual dificulta la posibilidad de llegar a un acuerdo. Aunque el ministro pidió al principal partido de la oposición su apoyo para sacar adelante el texto, también advirtió de que su objetivo es aprobarlo, con o sin el PP.
Por su parte, el portavoz 'popular' en esta Comisión, Francisco José Villar, acusó a Sevilla de no querer negociar con su partido y de hacer de este anteproyecto "el embrión de 19 modelos distintos" de Función Pública. Además, denunció que el texto "rebaja" la legislación básica del Estado y que se ha inspirado en las reivindicaciones de determinadas comunidades autónomas.
Desde CiU, la postura manifestada por su portavoz, Jordi Jané, no estuvo exenta de críticas. Aunque se mostró de acuerdo con algunos contenidos del anteproyecto, Jané avisó de que el actual borrador "necesita una dieta severa", pues "sobrepasa en mucho" lo que debería ser una normativa básica y recoge una visión "centralista y unitaria" de la Función Pública. Así las cosas, si no se introducen modificaciones, Jané amenazó con presentar una enmienda a la totalidad.
Desde las filas de ERC, su portavoz, Francesc Canet, también criticó la "invasión" de competencias autonómicas que, a su juicio, contiene el borrador, aunque optó por ver el "vaso medio lleno" y confió en que el anteproyecto pueda mejorarse durante las negociaciones.
