Madrid, 5 jun (EFECOM).- El grupo parlamentario del PSOE ha presentado una propuesta de resolución al debate sobre el estado de la Nación en la que emplaza al Gobierno a que acometa, en el plazo "máximo de 6 meses", una reforma fiscal "verde" que incentive comportamientos más respetuosos con el medio ambiente.
La reforma serviría para introducir impuestos turísticos o de "pernocta", para que el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica dependa de la contaminación "y/o" del consumo, y para que el impuesto especial sobre determinados medios de transporte tenga en cuenta el impacto ambiental sobre la calidad del aire o el cambio climático que éstos producen.
Las otras resoluciones se centran en impulsar acuerdos con los interlocutores sociales para que se recupere la causalidad de la contratación y para dotar de recursos humanos y técnicos "suficientes" al Plan del Fraude Fiscal.
Además, ha pactado otras dos con CiU para que se presente en el Congreso el proyecto del Estatuto del trabajador autónomo y para que se den más ayudas a los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas.
CiU también solicita en sus otras propuestas que se mantengan las deducciones actuales del IRPF para la adquisición o rehabilitación de vivienda y nuevas deducciones por alquiler, del 15 por ciento con un máximo de 1.000 euros anuales, si la base imponible del sujeto no supera los 27.000 euros anuales o de 33.000 euros anuales, en tributación conjunta, si el alquiler no supone más del diez por ciento de la base imponible.
En materia laboral, vuelve a reclamar al Gobierno que cumpla las sentencias del Tribunal Constitucional que establecen que la Formación Continua debe ser gestionada por las autonomías, le pide medidas para reducir la siniestralidad y le insta a que, antes de final de año, presente un proyecto de ley para apoyar a las empresas de inserción y recolocación.
CiU demanda también un aumento de la asignación social (protección a la dependencia y gastos de atención) del 0,52 por ciento al 0,7 por ciento y que esos recursos sean gestionados por las autonomías.
El PP también exige en sus propuestas una "verdadera reforma" del IRPF para que el impuesto tenga cuatro tramos (el máximo sería del 40 por ciento y el mínimo del 12 por ciento).
Respecto al Impuesto de Sociedades, el PP pide que se rebajen los tipos hasta el 25 por ciento para el régimen general y el 20 por ciento para las pymes, así como que se adapten los coeficientes de amortización a las necesidades de los nuevos sistemas productivos.
En cuanto a la reforma laboral, reclama que se flexibilice el mercado laboral y que se ordenen de forma adecuada los flujos migratorios.
Mientras, las resoluciones de ERC buscan que las partidas de inversión no ejecutadas del presupuesto general del Estado se traspasen a las comunidades, que se incremente hasta el 0,7 por ciento de la recaudación del IRPF el porcentaje destinado a fines sociales e incentivar las hipotecas de tipo fijo y las inversas para mayores de 65 años. EFECOM
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