"Es necesaria la complicidad y concienciación de consumidores, comerciantes, distribuidores, fabricantes y administraciones"
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Sólo dos Comunidades Autónomas hasta ahora, --Islas Canarias y el País Vasco--, han autorizado oficialmente la recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos encargándole la tarea a diversos Sistemas Integrados de Gestión (SIG) para la recogida y reciclaje de este tipo de residuos, según recordó hoy la Fundación ECOTIC, que negocia actualmente esta autorización con las distintas Comunidades.
En nota de prensa, ECOTIC recuerda que el pasado 13 de agosto entró en vigor el Real Decreto para la Gestión y Reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, la Directiva RAEE, una ley que establece la obligatoriedad de los productores de recoger aquellos aparatos puestos en el mercado en el momento en que lleguen al final de su vida útil para proceder a su reciclaje.
En este sentido, ECOTIC apunta que "este procedimiento sólo es viable poniendo en marcha un circuito y una red de recogida, almacenaje y tratamiento que involucre a los diferentes agentes de que participan en las distintas fases que abarca". Así, defiende, "es necesaria la complicidad y concienciación de consumidores, comerciantes, distribuidores, fabricantes, recicladores y Administraciones".
"El proceso que implica el reciclaje de este tipo de residuos requiere una red que contemple un circuito de recogida, una logística de transporte y una red de plantas de reciclaje que configuren un engranaje que hoy en día ya está a pleno rendimiento", afirma ECOTIC. Ahora bien, todo este mecanismo "se inicia con la recogida de los residuos de las grandes superficies, los puntos limpios y los centros de almacenamiento diversos, a través de una red que ya se ha creado y que ya está operativa".
Un primer paso que sólo es posible con la autorización de las administraciones pertinentes. En este caso, autorizar la actuación de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG), que son las entidades que gestionan el proceso en nombre de los productores, "es competencia autonómica", recuerda ECOTIC. Hasta el momento, sólo las Islas Canarias y el País Vasco han dado su visto bueno, concretamente, a la Fundación ECOTIC, que agrupa los principales productores y distribuidores de este sector, para que procedan a la recogida de este tipo de residuos en estas dos Comunidades.
COMPLICACIONES BUROCRÁTICAS
A su juicio, son las "complicaciones burocráticas" las que retardan el proceso establecido por la Directiva europea, ya que esta autorización resulta un trámite imprescindible para dar validez al proceso y cumplir con lo fijado por la Directiva RAEE.
Sin esta autorización, los SIG "se ven obligados a trabajar en un contexto de 'alegalidad' ofrecido por las pruebas pilotos que, si bien son necesarias como fase previa para organizar el trabajo posterior, es un status que no conviene alargar de forma indefinida".
Actualmente, la Fundación ECOTIC está negociando con las distintas Comunidades Autónomas para llegar a un acuerdo que de por cerrada la situación, ya que hay ciertos parámetros de la misma ley que aún no están suficientemente claros para las Administración.
Las peticiones de las Administraciones abarcan, desde pedir un sólo interlocutor, --cuando en realidad existen nueve SIG que gestionan los RAEE clasificados en las diez categorías establecidas por la Directiva--, hasta la firma de un convenio antes de conceder la autorización, pasando por la exigencia de un aval bancario por parte de cada CCAA, "cuando la Directiva no sólo no lo contempla, sino que entiende cada SIG como garantía suficiente en sí mismo por las mismas empresas que lo conforman".
Otras peticiones son el pago retroactivo desde el 13 de agosto de 2005 de los residuos tratados, compensaciones económicas a los municipios, --en este caso, una cantidad abusiva que duplicaría los costes actuales, etc--, mientras que por parte de los SIG "se apuesta por organizarse y ahorrar costes innecesarios, compensar en aquellos casos que el tratamiento de los RAEE represente realmente un coste extra y hacerlo sin carácter retroactivo y sólo si realmente supone un coste añadido".
