Bruselas, 27 jun (EFECOM).- La Comisión Europea advirtió hoy a España y a otros 23 Estados miembros de que les denunciará ante el Tribunal de Justicia de la UE si siguen sin trasladar a su legislación nacional la norma comunitaria sobre mercados de instrumentos financieros (MiFID).
Los países miembros debían adaptar su normativa nacional a la norma antes del 31 de enero pasado, algo que sólo hicieron el Reino Unido y Rumanía y, con algo de retraso, también Irlanda.
El ejecutivo de la UE abrió expediente a los otros 24 países en abril y hoy les envió un "dictamen motivado" -el segundo paso del procedimiento sancionador comunitario-, al que deben responder en el plazo de dos meses, bajo la amenaza de ser llevados ante la corte europea.
En concreto, Bruselas conmina a 22 Estados -todos excepto, Irlanda, Rumanía, Reino Unido, Lituania y Eslovaquia- a trasponer al derecho nacional la citada directiva y a 24 -los mismos, además de Irlanda y Lituania- a hacer lo mismo con la norma que la complementa.
La Comisión recuerda que las disposiciones de MiFID deberían aplicarse desde el próximo 1 de noviembre e incide en que los nueve meses previstos entre la trasposición y la entrada en vigor tenían por objeto facilitar la adaptación a los operadores del mercado financiero.
Bruselas cree que el actual retraso en la mayoría de países puede afectar de manera significativa al funcionamiento de los mercados financieros, dado que las empresas de inversión pueden encontrar dificultades para ofrecer sus servicios en otro Estado miembro y, sobre todo, afrontar incertidumbre sobre la legislación que se les aplica.
La Comisión insiste en que la directiva MiFID es una de las piedras angulares del Plan de Acción de la UE para los Servicios Financieros y contribuirá a poner en marcha un marco regulatorio común a todos los mercados de valores de la Unión.
Pretende facilitar las operaciones de inversión transfronterizas, eliminar los obstáculos para el uso del denominado "pasaporte" por parte de las empresas de inversión -que les permite operar en toda la UE-, impulsar la competencia en el sector de la inversión y reforzar la protección de los consumidores de estos servicios.
Con esta norma, el ejecutivo de la UE trata de impulsar la presencia de los inversores minoristas en otros mercados de la UE.
En lo que respecta a España, ya están en tramitación varios proyectos de ley con los que el Gobierno planea trasladar a la legislación nacional la directiva controvertida. EFECOM
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