BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS)
España y otros siete países han pedido a la Comisión Europea que siga adelante con sus planes para desmembrar los grandes grupos energéticos y forzar la separación legal obligatoria entre las actividades de producción y la gestión de las redes pese a que Alemania y Francia rechazan enérgicamente esta iniciativa.
El ministro de Industria, Joan Clos, y sus homólogos de Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Bélgica y Rumanía han enviado sendas cartas -a las que tuvo acceso Europa Press- a los comisarios de Energía, Andris Piebalgs, y de Competencia, Neelie Kroes, en las que aseguran que esta separación legal cuenta con el apoyo de una "clara mayoría" de los Estados miembros.
Los ocho países recalcan que desmembrar las grandes empresas energéticas constituye la "mejor solución", ya que garantizará los "incentivos" necesarios para aumentar la inversión en infraestructuras y un comportamiento "no discriminatorio" por parte de los propietarios de las redes.
La misiva señala que los modelos alternativos para separar la producción de la transmisión no son "convincentes" porque no eliminarán los "conflictos de interés" de las empresas que son propietarias de la infraestructura y al mismo tiempo tienen intereses comerciales en la producción y el suministro. Los ministros subrayan además que con el modelo de separación legal se evitará el aumento de cargas burocráticas que implican el resto de opciones.
Con esta carta, los ocho países tratan de influir sobre las propuestas legislativas que tiene previsto presentar el Ejecutivo comunitario después del verano sobre el tercer paquete de liberalización energética.
Tanto Piebalgs como Kroes han defendido por activa y por pasiva la separación de propiedad por considerar que se trata de la única manera de facilitar la entrada de nuevas empresas en el mercado y de fomentar las inversiones en las infraestructuras.
Sin embargo, cuando presentaron sus propuestas preliminares en enero pusieron sobre la mesa una alternativa, basada en el modelo energético escocés, que consistiría en que los gigantes energéticos mantengan la propiedad de la red pero cedan su gestión a un regulador independiente.
