Apodadas 'las cortinas de la muerte', provocan la sobreexplotación de los recursos y una gran cantidad de capturas accidentales
MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El buque insignia de la organización de defensa del mar Oceana, el 'Oceana Ranger' zarpó hoy desde la isla italiana de Elba para patrullar las aguas del Mar de Liguria, el Tirreno y el Mar Balear, a la búsqueda de pesqueros italianos que incumplan la normativa europea que prohíbe el uso de las redes de deriva.
Esta pasada medianoche el catamarán de investigación de Oceana emprendió viaje para dirigirse a las zonas de pesca donde una flota compuesta por docenas de barcos italianos continúa haciendo uso de las 'spadare', un tipo de redes de enmalle a la deriva que han sido prohibidas por la Unión Europea desde 2002.
La prohibición de estos artes de pesca se decidió debido a su no selectividad y alto nivel de capturas accidentales, que provocan la muerte de decenas de miles de delfines, cachalotes, ballenas, tiburones y tortugas marinas. Muchas de estas especies "están en peligro de extinción y se encuentran protegidas por las leyes europeas y de otras instituciones internacionales", explica Oceana en un comunicado.
La flota italiana de rederos de deriva ha recibido más de dos millones de euros de subsidios de la Unión Europea para sustituir sus redes por artes más selectivas. Pero Oceana consiguió demostrar, a lo largo de su campaña de 2005, que muchos de los armadores de los pesqueros "simplemente se han embolsado las subvenciones y han continuado utilizando las mismas redes", afirma la organización.
Las redes de deriva pueden alcanzar hasta 20 kilómetros de longitud y 30 metros de altura. Están destinadas a la captura de pez espada pero, apodadas 'las cortinas de la muerte', "provocan no solamente la sobreexplotación de los recursos de esta especie, sino además una gran cantidad de capturas accidentales".
Por esta razón, Naciones Unidas en 1989 declaró una moratoria mundial que obligaba a suspender el uso de las redes de deriva. Años después, la Unión Europea dio seguimiento a esa resolución prohibiendo definitivamente el uso de redes de deriva por los barcos de todos los países europeos desde enero de 2002.
España ha cumplido rigurosamente esta normativa. De hecho, la prohibición española de las redes de deriva se produjo incluso antes de la decisión de la Unión Europea, ante la evidencia de la sobreexplotación del stock de pez espada y la gravedad del impacto que sobre mamíferos marinos y tortugas marinas producía este arte.
Pero, según Oceana, y a pesar del cumplimiento por parte de España de la legislación que prohíbe las redes de deriva, "los pescadores españoles se ven afectados por la competencia desleal de otros países, que ignoran la normativa y se introducen incluso dentro de las aguas bajo la jurisdicción de este país".
En años anteriores se han producido apresamientos, por parte de patrulleras españolas, de barcos italianos cerca de las Islas Baleares. Hace unos días, dos cachalotes aparecieron muertos en las costas de Mallorca, enredados en redes de deriva de origen italiano.
'BURLA' A LAS INSTITUCIONES
"El uso de redes de deriva ilegales por parte de Italia y Francia, dos de los países fundadores de la Unión Europea es una burla a las instituciones comunitarias y a todos los contribuyentes", señala el responsable de Oceana para Europa, Xavier Pastor.
"El impacto de estas artes sobre las poblaciones de cetáceos y sobre los propios recursos pesqueros ha sido ya claramente puesto en evidencia por numerosas investigaciones científicas. Lo único que hace falta es que la ley se haga cumplir", añade Pastor.
Oceana destaca también su "decepción" ante las primeras decisiones del nuevo Gobierno progresista italiano en este frente. El ministro de Pesca, Paolo Di Castro,"ha cedido a la presión de los armadores y ha aprobado un decreto que da pie para enmascarar todavía más las operaciones ilegales de los rederos de deriva, creando más confusión sobre la aplicación de la directiva europea y dificultando la tarea de los guardacostas del propio gobierno italiano", opina la organización.
De ahí su decisión de poner en marcha, por segundo año consecutivo, esta campaña de vigilancia que recorrerá los mares y puertos europeos del Mediterráneo Occidental para poner de manifiesto, de nuevo, la violación de la normativa. Se tomarán datos de los barcos infractores, se realizarán fotografías y videos de los mismos, registrando su posición, la longitud de sus redes y otros datos relevantes sobre la operación de esta flota ilegal.
Como en la expedición anterior, estos datos serán transmitidos a los Gobiernos afectados, pero sobre todo a las instituciones de la Unión Europea, como el Parlamento, la Comisión y la oficina europea de control del fraude (OLAF).