El Gobierno portugués, que opuso su veto a la venta de la participación de Portugal Telecom en la operadora brasileña Vivo al grupo Telefónica, podría abrir una batalla jurídica con el gigante de las telecomunicaciones español que no debería impedir la cesión, según analistas.
"Vivo está vendida", proclama en su editorial Pedro Santos Guerreiro, director del diario Jornal de Negocios, mientras que su competidor Diario Económico titulaba en su portada: "El Estado no impedirá la venta de Vivo".
"Pienso que todo esto está lejos de ser una cuestión únicamente económica. Esta cuestión pasó a la esfera política con el veto del Estado", declaró a AFP el economista José César Neves. La batalla por Vivo "seguramente continuará en el plano jurídico", agregó.
El gigante español de telecomunicaciones, que considera a Brasil como un país esencial para su desarrollo, proponía a los accionistas de Portugal Telecom (PT) 7.150 millones de euros para adquirir la participación del 50% del grupo luso en Brasilcel, el 'holding' que posee el 60% de Vivo.
Pero el Estado portugués, que tiene derecho especiales ('golden share' o 'acción de oro') en PT, opuso el miércoles su veto durante una asamblea general extraordinaria, con lo que evitó la venta de esta participación, aprobada por un 73,9% de los accionistas.
El primer ministro portugués, José Sócrates, justificó está decisión con el argumento de que el operador de telefonía móvil brasileño, número uno en su país y que aporta cerca del 50% de la facturación de PT, es un "activo fundamental" para la economía lusitana.
Esta opinión es compartida por otros analistas, que critican la decisión de los accionistas que optaron "por la solución más lucrativa a corto plazo".
La oferta "representa mucho dinero, sobre todo en un momento en el que hay falta de liquidez", afirmó Armando Esteves Pereira, director del diario Correio da Manha.
Otras voces estimaban que al recurrir al veto el gobierno portugués activó "la bomba atómica contra los accionistas".
"José Sócrates nacionalizó PT", analiza Antonio Costa, del Diario Económico, precisando que el Estado "utilizó por primera vez su acción de oro".
El miércoles por la noche, TELEFÓNICA (TEF.MC) que estima ilegal el recurso del Gobierno a la acción de oro, decidió prolongar su oferta hasta el 16 de julio.
El grupo español espera poder aprovechar la decisión de la Corte Europea de Justicia (CEJ), que debe pronunciarse el 8 de julio sobre esa acción que da al Gobierno portugués derechos de decisión muy superiores a su parte en el capital de la empresa.
La Comisión Europea ya se refirió en varias ocasiones a su oposición a estas prerrogativas, por las cuales muchos Estados conservaron derecho de veto en algunas grandes empresas nacionales que fueron privatizadas.
"Es la Corte (Europea de Justicia) la que dará a conocer su decisión. La sentencia está prevista el 8 de julio" y la Comisión "extraerá todas las conclusiones necesarias", advirtió el miércoles una portavoz de Bruselas.
Según el experto Guy Pedy, de la agencia Macquarie, citado por Jornal de Negocios, "el escenario más probable es que en los próximos días la validez del veto de la ación de oro del Estado sea cuestionada y que se mantenga la votación de los accionistas".
Esta misma razón fue evocada por Ricardo Salgado, presidente del banco BES y principal accionista de PT (8%), para justificar su decisión de aceptar la oferta de Telefónica.
Con el final de la acción de oro, a su entender podría haber una OPA (Oferta Pública de Adquisición) de Telefónica sobre PT.
