MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se mostró hoy convencida de que todos los ayuntamientos de España aplicarán la Ley de Suelo --que entrará en vigor el próximo 1 de julio--, incluidos los gobernados por el PP, que mantuvo una oposición frontal a la norma durante su tramitación.
"No se me ha pasado por la cabeza (el incumplimiento)", concretó la ministra durante la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para llevar a cabo acciones conjuntas para la difusión de los contenidos de la nueva normativa en el ámbito de las corporaciones locales.
En este sentido, Trujillo no dudó en recordar el principio jurídico por el cual el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, así como las modificaciones introducidas durante el trámite de la reforma del Código Penal, actualmente en fase parlamentaria, que perfilan y amplían los delitos relacionados con el urbanismo y la ordenación del territorio.
Por su parte, el presidente de la FEMP, Heliodoro Gallego, se mostró de acuerdo con la ministra a la hora de asegurar el eficaz cumplimiento de la ley por parte de los ayuntamientos. "No he escuchado a un alcalde que vaya a hacer lo contrario, entre otras cosas porque es ilegal", afirmó.
Mas aún, destacó que todas las sugerencias aportadas por la FEMP a la Ley de Suelo durante su proceso de elaboración fueron "consensuadas y apoyadas" por todos los municipios.
Por otro lado, el representante de las corporaciones locales de España vio con buenos ojos los mecanismos de control previstos en el acuerdo firmado con el Ministerio para asegurar el cumplimiento de la legalidad. "No nos dormiremos en los laureles", añadió.
UN ACUERDO EN TRES BLOQUES.
Por otro lado, el acuerdo firmado hoy contempla tres bloques de actividades para informar a los ayuntamientos sobre los principios de la Ley de Suelo. En primer lugar, prevé la difusión de sus contenidos mediante la edición de la guía "La Ley de Suelo y los Ayuntamientos", que, a modo de manual de uso para los alcaldes, será elaborada por ambas instituciones.
Incluye también actividades de formación a través de cursos para que los responsables municipales, especialmente sus técnicos, sepan cómo aplicar la nueva normativa; así como diversas jornadas divulgativas en diferentes ciudades durante este año para dar a conocer el contenido del texto. Por último, el acuerdo prevé el desarrollo de una serie de actuaciones de análisis y seguimiento de la aplicación de la Ley.
Entre las medidas que tendrán que aplicar los nuevos alcaldes se encuentran aquellas relacionadas con la lucha contra la corrupción, que fueron introducidas en la Ley de Suelo a través de enmiendas a propuesta del Gobierno y que originariamente estaban llamadas a engrosar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuya aprobación fue pospuesta ante la inminencia de los comicios del mes de mayo.
A propósito de esta circunstancia, Gallego rompió, por una parte, una lanza a favor de los ayuntamientos, y aseguró que éstos sólo obtienen de media un 4% de su financiación a partir de proyectos urbanísticos, y, por otra, confió en que la reforma de la financiación local se realice en paralelo con la de la financiación autonómica.
En cualquier caso, desde los ayuntamientos habrá de garantizarse, en virtud de la nueva ley, la transparencia y la participación ciudadana en los procesos de transformación de suelo mediante la información pública de los instrumentos urbanísticos, incluidos los convenios; la inclusión de un resumen ejecutivo de las actuaciones que proponen y la publicidad en internet de los citados instrumentos.
Por otro lado, las ley pretende dificultar actuaciones especulativas o corruptas, mediante medidas como la regulación de los conflictos de intereses de los concejales y directivos municipales o la obligatoriedad de identificar a los propietarios de un suelo cuya recalificación comporte plusvalías importantes.
