Madrid, 29 jun (EFE).- El Gobierno acometerá una segunda fase de racionalización del sector público estatal y suprimirá cerca de 100 subdirecciones generales con el fin de ahorrar unos 8 millones de euros.
Así lo ha asegurado hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, donde explica la rebaja salarial media de un 5% para los empleados públicos en 2010 como medida para acelerar la reducción del déficit público.
De la Vega ha recordado el Plan de Austeridad aprobado en enero de este año y que contempla, además del acuerdo de no disponibilidad de 5.000 millones de euros que afecta a todos los ministerios, la reducción al 10% de la tasa de reposición de la oferta de empleo público, lo que supondrá un ahorro de 300 millones de euros.
El plan de racionalización del Estado y la reducción de altos cargos, que en su primera fase ha supuesto un ahorro de 16 millones de euros, "va a ser seguida de una segunda fase" en la que se suprimirán alrededor de 100 subdirecciones generales, con un ahorro estimado de 8 millones de euros, ha dicho.
Se trata de un "esfuerzo" de apoyo a la economía productiva y a la creación de empleo, al que se ha sumado -en su opinión- la reducción de cargas administrativas para las empresas hasta un 30% en 2012.
Ha cifrado el ahorro para las empresas en 15.000 millones de euros, de los que 10.000 millones corresponderían a la reducción de cargas en la Administración General del Estado y 5.000 millones al de las comunidades autónomas y entidades locales.
En la Comisión, el diputado del PP Miguel Barrachina ha dicho que la rebaja salarial a los empleados públicos es una medida "desleal" tras el reciente acuerdo firmado en septiembre entre sindicatos de la Función Pública y el Gobierno y ha dicho que ha sido un "daño evitable".
Ha calificado se "aparente" la reducción de cargos públicos en la Administración General del Estado y ha dicho que de los 33 cargos suprimidos, "sólo dos no han sido recolocados".
Desde CiU, Jordi Janet ha calificado de "altamente injusto" que pocos meses después de firmarse un acuerdo se rebaje el sueldo, en referencia a los funcionarios, y ha preguntado a De la Vega si no pudo prever estas circunstancias económicas para no llegar a una situación "tan drástica", ya que "una cosa es no revalorizar las retribuciones y otra rebajarlas".
Janet ha propuesto como alternativa para reducir el déficit público la reestructuración de la administración autonómica de Cataluña, ya que la Generalitat "también es Estado", y ha dicho que se podría reconvertir en administración ordinaria en su territorio.
Ha puntualizado que "esto no ha sido declarado inconstitucional" dentro del Estatuto de Autonomía catalán.
Por su parte, el diputado de IU Gaspar Llamazares ha asegurado que "no puede hacer un canto a los funcionarios y a la calidad de servicios públicos y al mismo tiempo producir uno de los recortes de salarios y de funcionarios más importante de la Unión Europea".
Es una contradicción "insalvable" ha señalado y ha calificado de "sarcasmo" la creación de un Observatorio de la Función Pública cuando hay un "incumplimiento palmario" de todos los acuerdos relativos a estos colectivos.
Asimismo, Emilio Olabarría, del PNV, ha aseverado que la rebaja del salario de los funcionarios es una "lesión de derechos que afecta a los colectivos más vulnerables" y es "cobarde".
No obstante, ha asegurado que el número de personas interinas dentro de la Administración General del Estado en España es el mayor de la Unión Europea y ha preguntado si actuar sobre este colectivo no sería "más pro-activo".
Ana Oramas de Coalición Canaria ha apelado a la urgencia de poner en marcha la nueva Ley de la Función Pública y ha criticado que cuando se reduce la tasa de reposición lo que hace el Gobierno es contratar asistencias técnicas, que son salarios en ocasiones "mayores" a los de los funcionarios.
