
La compañía Metrogas, la mayor distribuidora de gas de Argentina, de capital británico e hispano-argentino, pidió el concurso preventivo de acreedores por no poder afrontar el vencimiento de una deuda por 20 millones de dólares, informó el jueves la empresa.
"Pese a que la sociedad contrató a un asesor financiero a los efectos de buscar alternativas tendientes a lograr una refinanciación de deuda, las acciones encaradas no resultaron exitosas" y, por ello, solicitará "la formación de concurso preventivo", dijo la compañía en un comunicado enviado a la Bolsa.
La firma controlada por British Gas y la hispano-argentina Repsol YPF, indicó en la nota que "la sociedad no ha podido generar fondos líquidos suficientes para afrontar vencimientos inminentes de su deuda financiera ni el pago de determinadas obligaciones comerciales e impositivas".
Metrogas se quejó de que continúa "con sus tarifas de distribución congeladas desde hace casi 11 años pese a haber suscripto un acuerdo transitorio" con las autoridades.
Después de conocerse el concurso preventivo, el ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios informó sobre la intervención de la compañía, en un comunicado de prensa. "Se procederá a intervenir dicha compañía, como ya se hizo en otros casos, a los efectos de garantizar la normal prestación del servicio público", señala la nota y añade que el Ministerio no comparte el argumento de la empresa de que el congelamiento de tarifas haya originado la deuda.
Sostiene además que la renegociación del contrato con Metrogas, que permitiría la movilidad de las tarifas "no fue posible por la sistemática y obstinada negativa de la empresa a renunciar a la demanda" que mantiene contra Argentina en el CIADI y advierte de que "el Gobierno argentino no negocia bajo ninguna presión".
Antes del anuncio oficial, la empresa había aclarado que no estaba comprometido el abastecimiento a unos dos millones de clientes en los sectores domiciliario e industrial. Metrogas es "la primera de América Latina por el número de clientes", según su página de internet.
En 2009, la firma registró una pérdida neta de 78,3 millones de pesos (25,3 millones de dólares al cambio actual), un 478,2% más que en 2008, y atribuyó el resultado negativo a una "dilación" de las autoridades para actualizar las tarifas.
La empresa fue privatizada en 1992, en el marco de la ola de traspasos a capitales privados que se registró durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem (1989-99). Varias de esas compañías retornaron al ámbito estatal en el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y el actual de su esposa, Cristina Kirchner.
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