Madrid, 30 may (EFECOM).- Ausbanc pidió hoy al presidente del Congreso, Manuel Marín, la creación de una comisión que esclarezca y, en su caso, depure la responsabilidad del Estado en el caso Fórum-Afinsa para que indemnice a los afectados, por no regular la actividad de las empresas de inversión en bienes tangibles.
Hasta el Congreso, blindado por la policía debido a la celebración del debate sobre el estado de la Nación, se acercaron cientos de afectados por la presunta estafa, que, convocados por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), intentaron registrar su petición de forma individual, lo que no les fue permitido.
Ante el malestar creado por la imposibilidad de registrar su petición, el adjunto a la presidencia de Ausbanc, Angel Garay, que sí pudo entregar el escrito en el registro de la Cámara, pidió a los afectados que presenten su petición los próximos días, tanto personalmente como por fax o correo.
"La semana pasada nos dijeron que podríamos entrar y esta mañana han recibido órdenes de no dejar pasar a nadie de Ausbanc ni a los afectados", aseguró Garay.
El objetivo de la iniciativa, explicó Garay, es que Marín, como máxima institución de la soberanía popular y en base al derecho de petición que establece la Constitución, cree una comisión que investigue qué es lo que ha sucedido en la Administración General del Estado para que no se haya cumplido el mandato de desarrollar una ley que regulara y definiera la inversión en bienes de colección para proteger los intereses de sus clientes.
Además, pretenden que se esclarezca por qué si durante años hubo una "investigación a fondo" de la actividad de Fórum y Afinsa por parte de Hacienda, el Ministerio de Consumo no adoptó medidas de supervisión y control que "habrían minimizado cualquier impacto en las economías de más de 400.000 personas".
Garay apuntó que, una vez aclarado lo ocurrido, se deberían "depurar" responsabilidades, tanto desde el punto de vista político como jurídico y patrimonial, que sirvan de base para que el Estado indemnice a los afectados por los daños y perjuicios causados por la "negligencia" en la que pudieron incurrir diferentes administraciones, como el Ministerio de Consumo o la Agencia Tributaria.
Avanzó que la próxima semana centrarán su actuación jurídica en combatir la "indignante" actuación de la Agencia Tributaria, que, por un lado dice que los sellos "no valen nada" y por otro pide a los afectados que en su declaración de la renta de este año pongan el valor que les habían dado las compañías investigadas.
Además, harán llegar al Defensor del Pueblo de la Unión Europea una carta, porque, dijo, "estimamos que los Estados miembros tienen que saber lo ocurrido para que ayuden a solucionar el problema". EFECOM
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