Bruselas, 29 may (EFECOM).- La oposición de Alemania es el principal obstáculo al que se enfrenta la propuesta de directiva de la Comisión Europea sobre créditos al consumo, basada en la mayor armonización legislativa y en el reconocimiento mutuo de las normas nacionales en ciertos ámbitos.
El texto propuesto por el Ejecutivo de la UE incluye un método para calcular el coste de los préstamos para consumo (excluidos los de más de 50.000 euros y los hipotecarios) y permitir así su comparación entre países.
Entre otras disposiciones, recoge el derecho del prestatario a retractarse en un margen de 14 días sin dar ninguna justificación a la entidad de crédito y libre de cualquier gasto, así como la posibilidad de reembolso anticipado y de anular un contrato cuando se cancele la compra a la que va asociado.
Durante la primera jornada del Consejo de Ministros de Competitividad (Industria, Investigación y Mercado Interior), que comenzó hoy, la delegación alemana mostró claramente sus reservas a la armonización legislativa en esta materia, pues ello supondría, en su opinión, la desaparición de las normas nacionales sobre protección de los consumidores.
Alemania es partidaria, por el contrario, de establecer unas reglas mínimas comunes a todos los países, que deberían ser suficiente garantía para los consumidores.
Los representantes alemanes en el Consejo advirtieron de que, al apostar por la armonización legislativa plena, algunos Estados tendrían que reducir su nivel de protección de los consumidores y otros elevarlo, lo que provocaría, entre otros problemas, un exceso de legislación.
La mayoría de delegaciones, sin embargo, se manifestaron favorables a la máxima armonización legislativa, como el único método de avanzar hacia un verdadero mercado único para los servicios financieros en la UE.
Para estos países -entre los que figuran Estonia, Rumania, Dinamarca, España, Bélgica, Eslovenia, Letonia, Malta, Chipre, Suecia, Grecia, Portugal, Francia y Finlandia-, el principio de reconocimiento mutuo de las regulaciones nacionales va en detrimento de los derechos de los consumidores e introduce incertidumbre.
El secretario de Estado para la Unión Europea de España, Alberto Navarro, incidió en que el reconocimiento mutuo provoca inseguridad jurídica y causará preocupación e incertidumbre a los consumidores, ante las dudas sobre la legislación aplicable en cada caso.
Otro grupo minoritario de países, como Reino Unido, Bulgaria, Hungría e Irlanda, se mostraron más favorables a la posibilidad propuesta por la Comisión de combinar una mayor armonización de las legislaciones nacionales y el principio de reconocimiento mutuo en los ámbitos en que la armonización no sea posible. EFECOM
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