MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, aseguró hoy que el Estatuto Básico de la Función Pública "va a redundar en funcionarios más motivados, mejor dirigidos, más evaluados y en una mejora de la administración para los ciudadanos".
En declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, Sevilla destacó que el Estatuto, que ha entrado hoy en vigor, introduce una serie de avances, entre los que citó la evaluación del desempeño, la creación de la figura del directivo público y el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva.
El Estatuto Básico de la Función Pública regulará los derechos y deberes de los 2,5 millones de empleados públicos. Esta ley, fruto del diálogo social en las administraciones públicas, contempla ligar la retribución al desempeño profesional y acabar con la elevada tasa de temporalidad en el sector público. Asimismo, regulará la carrera profesional e incluirá un código de conducta.
Como norma de carácter básica, sus contenidos afectan a los funcionarios de las tres administraciones --la central, la autonómica y la local--, si bien cada administración tendrá ahora que dictar su propia ley para desarrollar el Estatuto.
De hecho, hoy no entran en vigor todos los contenidos del Estatuto, pues algunas de sus materias, principalmente los aspectos retributivos y la estructura y ordenación del personal, no serán de aplicación hasta que cada comunidad autónoma elabore su propia norma.
Hasta que se establezcan las leyes de Función Pública oportunas y las normas reglamentarias de desarrollo, se mantendrán en vigor en cada administración pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos, siempre que no sean contrarias al Estatuto.
El Estatuto recoge por primera vez condiciones laborales homogéneas para los empleados públicos, desde el respeto a las competencias de cada comunidad autónoma. Asimismo, contempla un nuevo sistema de acceso a la Función Pública e incluye mecanismos de evaluación del desempeño profesional y un sistema retributivo que establece que las pagas extraordinarias tendrán el mismo valor que el salario mensual.
La norma, un mandato constitucional que llevaba 28 años pendiente, fortalece los principios constitucionales de mérito y capacidad en el empleo publico y supone un paso más para modernizar las Administraciones Públicas.
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