Las grandes superficies han perdido un 27% de cuota de mercado y el pequeño comercio un 48% desde 1996
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El director general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Javier Millán-Astray, se mostró hoy de acuerdo con la decisión del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional el impuesto medioambiental a las grandes superficies en Aragón, al entender que es "inconstitucional".
En un encuentro con los medios con motivo del 'XIX Curso de Economía para Periodistas de Información Económica', organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Escuela de Negocios (EOI), Millán-Astray indicó que el impuesto establecido por Aragón "grava en realidad la actividad económica y no los daños ambientales".
El director general de Anged explicó que "en este impuesto se multiplica una cantidad en euros por los metros cuadrados de la superficie, de forma que no se mide objetivamente el daño medioambiental".
En su opinión, "las empresas no pueden hacer nada para reducir ciertos daños ambientales, como el que los clientes se trasladen a los centros comerciales en su coche, y el Gobierno ha concluido que las grandes superficies no son las responsables de esta contaminación al aprobar el viernes este recurso contra el impuesto de Aragón que, además, es discriminatorio".
En este sentido, Millán-Astray señaló la contradicción que contempla este impuesto, dado que grava sólo a las grandes superficies y no a los pequeños comercios cercanos a las mismas. "¿Es que sólo contamina el consumidor que compra en las grandes superficies? ¿qué pasa cuando ese consumidor aprovecha su trayecto realizado en coche y también compra en los pequeños comercios de las afueras?", se preguntó.
Millán-Astray indicó que como asociación Anged no puede recurrir este tipo de impuesto, ya que eso es competencia del Ejecutivo central. "No obstante, vamos a recurrir todo lo que el derecho nos permita", dijo.
TRABAS DE LAS CC.AA. A LAS GRANDES SUPERFICIES.
El secretario general de Anged, Fernando Olascoaga, recordó que la Ley de Comercio de 1996 "en lugar de dinamizar el sector ha permitido la segunda licencia por parte de las comunidades autónomas para modular la expansión de la gran distribución, con lo que se han aumentado las trabas a las grandes superficies".
A su juicio, "estos planes nada tienen con la liberación de empresas y establecimientos". Además, hizo referencia al desarrollo de las moratorias (suspensión de licencias durante algún tiempo) y destacó que algunas comunidades autónomas las mantienen desde hace más de ocho años, mientras que otras regiones han creado impuestos específicos.
Olascoaga subrayó que "todas estas trabas persiguen proteger al pequeño comercio, pero ese objetivo no se ha cumplido". En este sentido, destacó que los hipermercados han perdido un 27% de cuota de mercado, mientras que el pequeño comercio ha perdido el 48%.
Según Olascoaga, "quien ha ganado es el formato mediano", que ha pasado de tener una cuota del 46% al 65%, ya que "no se ha visto sometido a las mismas restricciones".
DIFULTADES PARA LOS FABRICANTES.
Millán-Astray también se refirió al cambio de normativa en el sector de las grandes superficies que dificulta su expansión y las nuevas aperturas, con lo que auguró que el sector "crecerá en formato pequeño, al haber tantas trabas para el formato grande".
Para Millán-Astray, "el hecho de tener una estructura de comercio no eficiente repercute en los demás sectores y el formato grande permite dar una gran variedad de productos, al permitir que muchos fabricantes puedan salir al mercado".
"Si se sigue creciendo en formato pequeño y se continúa potenciando las marcas blancas va a haber consecuencias muy negativas para el sector, ya que los fabricantes tendrán más dificultades para acceder al mercado", advirtió.
Así, el director general de Anged sostuvo que el formato que más crece es el mediano y el de descuento, donde hay una gran presencia de marca blanca. En este sentido, explicó que las cadenas Mercadona y DIA representan el 50% de la superficie comercial que se abrió el pasado año. "No es ninguna crítica a nadie, sólo al sistema absurdo de discriminación por el tamaño de su comercio", subrayó.
INVERSIONES PARALIZADAS.
Todas estas trabas administrativas que establecen las comunidades autónomas a la apertura de grandes superficies llevó a que Anged contabilizara en 2003 el volumen de inversión paralizado y ascendió a 3.000 millones de euros.
En este sentido, indicó que esta cifra no está actualizada, aunque confió en que "en breve" se pueda hacer un balance "sobre un elevado número de empresas" que tienen inversiones paralizadas por las trabas a nuevas aperturas.
Por otro lado, Millán-Astray confió en que Cataluña, mediante la modificación de su legislación de equipamientos comerciales, lleve a cabo una política comercial "más abierta", aunque consideró que "es muy dificil porque lleva diez años sin dar una licencia para la apertura de grandes superficies".
