Gobierno regula sector de las refinanciadoras y las deja bajo tutela de CCAA

Madrid, 11 may (EFECOM).- El Gobierno ha escuchado las numerosas peticiones que le han llegado para que regule el sector de las refinanciadoras de deudas y ha aprobado hoy un borrador de normativa que aumenta sustancialmente las obligaciones de estas empresas, que seguirán estando bajo la tutela de las comunidades autónomas.

El Ministerio de Sanidad y Consumo y el de Economía y Hacienda han decidido no atribuir la supervisión de estas empresas al Banco de España, como le habían solicitado desde algunos sectores, porque no captan depósitos de los clientes y, por tanto, no está en riesgo su solvencia.

Pero al margen de quién supervise a unos y a otros, los bancos y los intermediarios financieros tendrán a partir de la aprobación de esta ley las mismas obligaciones de información a los clientes al concederles un crédito, ya sea al consumo, hipotecario o de los inmediatos.

Por sus particularidades, los intermediarios tendrán que apuntarse en un registro que creará el Instituto Nacional de Consumo -o en el que creen las comunidades autónomas que quieran- y deberán contratar un seguro de responsabilidad civil, cuya cuantía se concretará en el reglamento.

Además, el Ejecutivo ha previsto un régimen de sanciones para las empresas que no cumplan las normas, que pueden llegar a tener que hacer frente a multas de hasta 600.000 euros con amonestación pública si incurren en infracciones muy graves.

A partir de la puesta en marcha de esta ley, se espera que durante la presente legislatura, los intermediarios financieros tendrán seis meses para aplicar los nuevos preceptos, que les obligarán a informar profusamente de los precios que cobran, los tipos de interés, las comisiones, los detalles de los créditos que conceden o los gastos que conlleva la operación.

El objetivo, según fuentes del Ministerio de Sanidad y Consumo, es que los clientes que opten por la refinanciación de sus deudas o por la contratación de un crédito en cualquier entidad tengan total información para poder elegir con libertad y saber a lo que se enfrentan.

De esta manera, aseguran, se reducirán los precios que aplican los intermediarios, pues habrá más competitividad en un sector que representa el 30 por ciento de la mediación del crédito en España y que podría tener entre 6.000 y 8.000 representantes.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reconoció hoy en rueda de prensa que la legislación actual es demasiado frágil e incompleta y explicó que, por ello, se ha elaborado esta nueva, que pretende unificar los criterios y las obligaciones para que haya más seguridad para consumidores y empresas.

La nueva normativa, concluyó de la Vega, evitará situaciones de indefensión en la contratación de créditos financieros, de la misma manera que la ley de bienes tangibles permitirá prever casos como los de Fórum y Afinsa.

Las asociaciones de consumidores y la patronal bancaria reaccionaron de forma positiva a la aprobación de este borrador de normativa, sobre todo por el hecho de que se regule a un sector que hace cinco años apenas existía en España y que ha tenido una expansión fulgurante.

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Adicae y Facua alabaron la ley porque permitiría acabar con la desprotección que viven actualmente cientos de miles de familias sobreendeudadas, al igual que lo hicieron la Asociación Española de Banca (AEB) y la Agencia Negociadora de Productos Bancarios, una de las principales empresas del sector.

Sin embargo, el presidente de la Asociación Nacional de Asesores Financieros (ANAF), Salvador Cerezo, criticó esta normativa porque beneficia a la banca en detrimento de los intermediarios financieros y porque deja sin regular a los asesores independientes, aunque valoró el avance en transparencia informativa hacia los clientes. EFECOM

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