Madrid, 25 may (EFECOM).- El titular del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, Santiago Senent Martínez, que se encarga del concurso de la sociedad Fórum Filatélico, afirmó hoy que los dos procedimientos concursales de esta sociedad y Afinsa afectan al 1 por ciento de los españoles y son "una gran prueba" para la ley.
"El procedimiento concursal intentará satisfacer los intereses de los acreedores perjudicados y llegar a la liquidación de una manera ordenada", indicó el magistrado en una Jornada de Administración Concursal organizada por el Registro de Economistas Forenses (REFor).
Según la nota de prensa enviada por el Consejo General de Colegios de Economistas de España, el juez Senent Martínez reconoció que la envergadura de estos concursos "es algo sin precedentes", ya que la Ley Concursal está en vigor desde septiembre de 2004.
También el titular del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid indicó que existe una gran comunicación y colaboración entre la vía concursal y la penal, que dirigen los titulares de los Juzgados Centrales de Instrucción números 1 y 5 de la Audiencia Nacional.
La diferencia entre un procedimiento y otro -explicó- es que en el caso penal se ventilarán las responsabilidades de los administradores de Fórum y Afinsa, mientras que, en el procedimiento concursal, se "intentará satisfacer los intereses de los acreedores perjudicados y llegar a la liquidación de una manera ordenada".
Por su parte, siempre según la nota del Colegio de Economistas, el presidente del Registro de Economistas Forenses, José María de la Cruz Bértolo, afirmó que los casos de Fórum y Afinsa "suponen un reto para la maquinaria de la Administración concursal" que, ahora, "es cuando se va demostrar su capacidad operativa".
"Nadie esta en condiciones de asegurar la cuantía que recuperarán hasta que los administradores concursales en el seno del concurso determinen cuál es el inventario definitivo a valor de mercado y la lista de acreedores definitiva, con sus importes", concretó.
A partir de ese momento -añadió- se podrá cuantificar el agujero patrimonial y lo que podrán cobrar los afectados, al margen, todo ello, de las posibles ayudas públicas que se puedan conceder por parte del Gobierno. EFECOM
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