MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El PP y CiU defenderán mañana en el Pleno del Congreso sendas proposiciones de Ley para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de agilizar los procesos de desahucio en viviendas de alquiler y ofrecer al arrendador una solución con mayor seguridad jurídica ante el impago de las rentas por parte del arrendatario.
Ambos grupos parlamentarios demandan esta modificación ya que con la actual Ley de Enjuiciamiento Civil permite que el dueño de una vivienda alquilada pueda estar hasta tres meses sin ver satisfecha la renta debida por el inquilino.
SUPRIMIR LA ENERVACION.
Para el PP, una solución a este problema es la eliminación de la tradicional posibilidad de enervación del juicio de desahucio mediante el pago de las rentas debidas antes del inicio del procedimiento, por lo que se incluye en su proposición de ley.
Los 'populares' aseguran que este cambio no acabaría con la posibilidad de que, mediante acuerdo entre las partes, se produzca una satisfacción extraprocesal del impago y su consiguiente finalización del procedimiento judicial.
A su juicio, "es esencial que se adopten medidas adecuadas" como la que proponen, que "permitan ampliar este mercado hasta convertir la vivienda en alquiler en una alternativa real a la vivienda en propiedad".
La iniciativa del PP, que será defendida por el diputado Jesús Merino, destaca la importancia de fortalecer la seguridad jurídica del arrendador favoreciendo la efectividad de los juicios de desahucio.
MAS VIVIENDAS EN EL MERCADO.
Por su parte, CiU también hace hincapié en "dotar de más seguridad a los arrendadores facilitándoles un instrumento ágil para resolver aquellos casos de impago de la renta mediante la agilización judicial del proceso de desahucio".
El portavoz de Vivienda de CiU en el Congreso, Jordi Jané, quien defenderá la toma en consideración de su proposición de ley, señala que con la misma, se posibilitará también que los arrendadores pongan en circulación sus viviendas y las ofrezcan en el mercado del alquiler, lo que contribuirá a disponer de mayor oferta y reforzar así el mercado del alquiler.
Asimismo, subraya que la iniciativa "prevé unos mecanismos de atención al colectivo de personas que no disponen de recursos económicos y se ven desahuciadas". En concreto, insta a la administración pública "a impulsar una política social que garantice atención a aquellas familias que se pueden ver forzadas a abandonar una finca arrendada por falta de pago y que no dispone de recursos".
FONDO PARA LOS DESAHUCIADOS SIN RECURSOS.
Además, CiU emplaza al Gobierno a que en el plazo de seis meses, a partir de la aprobación de la Ley, presente ante las Cortes Generales un proyecto de Ley por el que se cree "un fondo de ayudas destinadas a subvenir el impago de las rentas del alquiler de vivienda habitual para personas en situación de alta vulnerabilidad social y víctimas de acoso inmobiliario".
En su opinión, "se debe facilitar ayuda a las personas que se encuentran en esta situación de desahucio y que no disponen de recursos, ahora bien, no debe ser el arrendador el que acarree esta situación, sino que debe ser el Estado el que dé soporte a este colectivo".
En cualquier caso, la iniciativa de CiU quiere "agilizar los plazos en materia de desahucio para evitar picarescas", haciendo más rápidas "las notificaciones que se pueden realizar en la residencia del administrador".
En caso de procedimiento de enervación, los nacionalistas proponen establecer "el plazo máximo de fijación de alzamiento preventivo de un mes" y de forma excepcional, que intervenga "la policía judicial para actuar en los procedimientos de desahucio".
Finalmente, CiU recuerda que su propuesta ha recibido "el apoyo de colegios de abogados y administradores de fincas, que en el ámbito judicial, constatan día a día la dificultad de la normativa vigente", que los nacionalistas consideran "muy rígida", ya que provoca que "no se ponga a disposición del mercado del alquiler muchos inmuebles que sí se pondrían en circulación de disponer de una regulación más ágil en materia de desahucio".
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