Madrid, 24 may (EFECOM).- La Audiencia Nacional dejó hoy visto para sentencia el juicio por las dos últimas piezas del caso Torras, denominadas "Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria" y "Quail-Acie", en el que el financiero Javier de la Rosa es el principal acusado.
Esta vista oral, que pretende dirimir la responsabilidad sobre un presunto desfase patrimonial en el Grupo Torras de más de 378 millones de euros, comenzó hace ocho meses con el testimonio de los cinco acusados por la Fiscalía Anticorrupción de los delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad documental.
Tras escuchar a más de cincuenta testigos, entre los que se encontraban los principales representantes del mundo empresarial y financiero del país, además de casi una decena de peritos y examinar una gran cantidad de documentación probatoria, el tribunal debe ahora dirimir la ilegalidad de las diferentes operaciones
Los principales acusados son el financiero Javier de la Rosa y el ex abogado del grupo Torras Juan José Folchi, para quienes Anticorrupción pide 38 años de cárcel, por su participación en las operaciones enjuiciadas ahora.
Ambos utilizaron el turno de palabra que les concedió el juez para, en el caso del financiero De la Rosa, recordar que en 13 años de procedimientos contra él "ha cumplido todas las citas que la justicia le ordenó" y que su error ha sido el "exceso de confianza" que tuvo en algunos de los que trabajaron con él.
Folchi, por su parte, pidió que el tribunal valore su conducta en relación con el "carácter abierto e indisimulado" con el que actuó en el caso de los servicios a KIO ya que, si hubiese sabido que cometía delito, por ejemplo, no hubiese dejado en su despacho durante seis años (1993-1999) documentos que ahora se utilizan en la causa para acusarle.
Otros acusados con penas de cárcel por Anticorrupción son el ex consejero delegado Jorge Núñez y Lasso de la Vega y el diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal agradecieron al juez que les permitiese ausentarse en algunas sesiones de la vista oral debido a su estado de saludo.
Además, el antiguo director financiero del grupo Torras, Miguel Soler aprovechó este turno de palabra para denunciar la "mala fe" que ha tenido la acusación particular de Grupo Torras, mientras que el contable gibraltareño Plinio Coll afirmó que "tiene la conciencia muy tranquila" porque no actuó con "dolo".
Sólo por la acusación particular pide prisión para el contable Coll y para Arturo Piñaña, secretario personal del financiero Javier de la Rosa, quien no quiso ejercer hoy el derecho a la última palabra como acusado.
En días anteriores, las defensas de los acusados han pedido su libre absolución por entender, en el caso de Folchi y De la Rosa, que siguieron instrucciones de la Kuwait Investment Office (KIO) y, en el caso de los demás, bien porque existe una prescripción de los delitos bien por que estos no se produjeron.
En concreto, el tribunal presidido por el magistrado Javier Gómez-Bermúdez habrá de determinar la legalidad de las operaciones Pincinco (presunta apropiación de 300 millones de dólares durante la guerra del Golfo), Oakthorn (préstamo de 105 millones de dólares a la sociedad del mismo nombre) y la supuesta manipulación de las cotizaciones de Prima Inmobiliaria a principios de los años noventa con un presunto daño superior a los 10 millones de euros.
Asimismo, los jueces habrán de pronunciarse sobre la denominada pieza Quail-Acie, que debe esclarecer el desvío de 65,44 millones de euros procedentes del Grupo Torras a través de Quail -banco de inversión propiedad de Javier de la Rosa- y el paradero de otros 6,3 millones de euros, propiedad del grupo, sustraídos presuntamente a través de Acie.
En la jornada de hoy, también se dio la palabra a los herederos del antiguo director del Grupo Torras, Narciso de Mir, y la madre del empresario Enrique Sarasola, quienes rechazaron que exista la responsabilidad civil "a título lucrativo" que les reclama la acusación particular del Grupo Torras.
Además del turno de defensa para los acusados de "responsabilidad civil", hoy también se pronunciaron los representantes de quienes fueron acusados de ser "partícipes a título lucrativo" de los delitos que se enjuician, entre los que se encuentra el Banco Santander.
Una vez exista dictamen judicial sobre las dos últimas piezas del caso Torras quedará sentenciadas las cuatro piezas relacionadas con este grupo en la Audiencia Nacional, aunque queda pendiente la resolución del Tribunal Supremo sobre los recursos planteados contra la sentencia del caso "Icsa-Inpacsa", por la que el empresario De la Rosa fue condenado ya a tres años de prisión.
En "Icsa-Inpacsa" se juzgó el destino final de las plusvalías de 7.782 millones de pesetas (46,77 millones de euros) obtenidas por la venta, en 1988, de la papelera Icsa por parte del Grupo Torras (propiedad entonces de la kuwaití KIO) a la irlandesa Smurfit.
Este mismo año, el Tribunal Supremo ya enmendó otro dictamen judicial de la Audiencia Nacional sobre la operación "Wardbase", al condenar a tres años de cárcel al letrado Juan José Folchi y ratificar la pena de cinco años y medio de prisión para Javier de la Rosa.
En la operación Wardbase se investigó el traspaso en 1992 de unos 1.900 millones de pesetas (11,95 millones de euros) al ex diplomático Manuel Prado -condenado a dos años de prisión-, a través de una sociedad instrumental denominada Wardbase, ligada a responsables del grupo KIO. EFECOM
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