La fiscalía venezolana acusó formalmente el jueves al banquero Ricardo Fernández y a su asesor legal, José Camacho, por su implicación en el escándalo financiero que terminó con el cierre, por parte del gobierno, de ocho bancos que presentaron irregularidades en sus operaciones.
En un comunicado, el Ministerio Público solicitó el procesamiento de Fernández, propietario de cuatro de las instituciones intervenidas, y de Camacho por la "apropiación y distracción de recursos" de sus antiguos ahorristas, "aprobación indebida de créditos y asociación para delinquir", delitos contemplados en la ley de Bancos.
En la actualidad, las autoridades mantienen detenidos a ocho personas relacionadas con el escándalo bancario, incluido el hermano de un ex ministro del presidente Hugo Chávez, y ha emitido otra treintena de órdenes de captura.
De los ocho bancos que fueron cerrados por el gobierno en noviembre, todos de pequeña importancia, dos fueron liquidados y otros cuatro se fusionaron en un nuevo banco público llamado Bicentenario.
El gobierno anunció por estos días que ha pagado a los ahorristas de las dos instituciones liquidadas el 96% del total de sus depósitos.
El Estado venezolano concentra en sus manos más del 25% del panorama financiero nacional.
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