Las restricciones eléctricas en centros comerciales decretadas por el gobierno venezolano que provocaron rechazo en la población fueron suavizadas el martes, cuando se aclaró que el racionamiento afecta únicamente a los comercios y no a cines, restaurantes y otros servicios.
"El horario restringido de 11 de la mañana a 9 de la noche tiene que ver con la actividad comercial, pero hay actividades que se desarrollan en los centros comerciales que se mantienen en su horario normal", explicó el vicepresidente Ramón Carrizález en una rueda de prensa. "Hay actividades que son de bajo consumo eléctrico, cuyo funcionamiento se equilibra con otras medidas de ahorro tomadas por los centros comerciales para disminuir el consumo. Aquí se incluyen los servicios de alimentación, recreación, salud", entre otros, agregó.
El gobierno venezolano emitió en diciembre un decreto que restringía a partir del 1 de enero el uso de electricidad en centros comerciales, industrias ligeras y vallas publicitarias, con el fin de ahorrar energía para aliviar un sistema colapsado por un aumento anual de la demanda de entre el 6 y el 8%.
En sus primeros días de aplicación, la medida causó numerosas molestias a los usuarios y comerciantes afectados.
El martes, responsables del Ejecutivo se reunieron con los responsables de los centros comerciales, alarmados ante el impacto económico que acarrearían estas medidas, y tras el encuentro se aclaró el alcance de los recortes.
"Antes de las once y después de las nueve habrá servicios de salud, alimentación, recreación o teatro que podrán seguir funcionando, ya que trajimos pruebas de que en estos horarios y con esos locales funcionando se cumple un ahorro del 50 al 80%", estimó José Francisco Mata, vicepresidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales.
Según el gobierno, la sequía, que colocó en "zona de alarma" la principal hidroeléctrica del país, y el derroche de energía provocaron esta situación de crisis.
Desde octubre, el Ejecutivo venezolano puso en práctica medidas para reducir el consumo de electricidad, entre las que se incluyen normas fiscales, reducción del gasto en organismos públicos y un mayor control en la importación de electrodomésticos, entre otros.
