Fija en 10.000 euros la cantidad a declarar para la salida o entrada de frontera y en 100.000 euros para los movimientos nacionales
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Dirección General del Tesoro y Política Financiera ha elevado las cuantías sujetas a declaración de movimientos de medios de pago con el fin de prevenir posibles operaciones de blanqueo de capitales, según confirmaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda.
Así, la nueva normativa, que entrará en vigor dentro de nueve meses, fija en 10.000 euros la cantidad a declarar para la salida o entrada por frontera --ahora son 6.000 euros-- y en 100.000 euros para los movimientos por territorio nacional --frente a los 80.500 euros actuales--.
El Ministerio de Economía y Hacienda considera que la primera cantidad se sitúa en en línea con lo establecido por el Reglamento comunitario relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo dentro de la UE.
En cuanto a los movimientos internos, el departamento de Pedro Solbes estima que la cifra de 100.000 euros facilitará el conocimiento y consiguiente cumplimiento de la obligación por parte de los interesados, sin que la elevación respecto de los 80.500 euros establecidos originalmente suponga "riesgos relevantes" desde la perspectiva de la prevención del blanqueo de capitales.
Fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda indicaron que con estos cambios se pretende que el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueos de Capitales (Seplac) tenga una información más precisa de los movimientos de capitales dentro y fuera de las fronteras españolas y que, por su volumen, puedan ser objeto de prácticas delictivas.
El control sobre estos movimientos se aplicará a monedas metálicas, billetes de banco y cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier otra o medio físico, incluidos los electrónicos, aunque éstos últimos no comprenden las tarjetas nominativas de crédito o débito. Igualmente, la normativa no será de aplicación a los cheques nominativos.
INTERVENCIÓN DE ADUANAS Y POLICÍA.
La omisión de la declaración, cuando ésta sea preceptiva, o la falta de veracidad de los datos declarados, siempre que pueda estimarse como especialmente relevante, determinará la intervención por los Servicios de Aduanas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la totalidad de los medios de pago hallados.
No obstante, las autoridades, atendidas las circunstancias del caso, podrá acordar la no intervención de un máximo de 1.000 euros por persona y viaje en concepto de mínimo de supervivencia.
En todo caso, se considerará como especialmente relevante la falta de veracidad total o parcial respecto a lo datos de identidad del portador o propietario de los medios de pago, origen y destino de los mismos, concepto que justifica el movimiento, así como la variación por exceso o defecto del importe declarado respecto del real en más de un 10% o de 3.000 euros.
ORGANO CENTRALIZADO DEL NOTARIADO.
Estos cambios se unen a la reciente iniciativa del Consejo General del Notariado, que ha puesto en marcha el Órgano Centralizado del Notariado (OCP) para la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales proveniente de actividades delictivas, que mueve un volumen de negocio de aproximadamente el 5% del Producto Interior Bruto a nivel mundial, según datos de la OCDE.
El nuevo órgano, que comenzó a funcionar el pasado 24 de diciembre, está compuesto por una unidad de análisis, en la que profesionales especialistas en el blanqueo de dinero trabajarán para detectar posibles casos, y una unidad de procedimiento, destinada a reciclar a estos profesionales y a la formación de los notarios en esta materia.
La novedad de este nuevo sistema es que está integrado por profesionales y no por notarios, que trabajarán en conexión con la Agencia Notarial de Certificación por vía telemática y tiempo real, con el fin de cruzar los datos y hacer más eficiente la detección de posibles casos de blanqueo.
Los datos que contiene dicho índice son, fundamentalmente, escrituras y actas públicamente autorizadas por los casi 3.000 notarios existentes en España, y documentos relacionados con operaciones societarias o inmobiliarias que se generan al año.
Además, este órgano fortalecerá la colaboración del Notariado con el Seplac y con las autoridades judiciales, ya que será el propio órgano el que comunique, en nombre del notario correspondiente, las operaciones con indicios o sospechas.
De esta manera, el notario deberá informar al OPC de aquellas transacciones en las que haya "indicios de actividades delictivas", tales como movimientos de "grandes masas" de dinero extranjero, operaciones muy rápidas entre diversas sociedades instrumentales o interpuestas, afloración de sumas a través de cheques con numeraciones consecutivas, o cantidades de dinero que se pretender blanquear a través del negocio del juego.
