Hace alrededor de un año, cuando los mercados financieros acababan de ver cómo en casi todos los países del mundo se rascaban el bolsillo para sostener a los principales bancos del mundo, algunos inversores se llevaban las manos a la cabeza.
Su sorpresa obedecía a que los altos ejecutivos de esas entidades recibían indemnizaciones multimillonarias por verse obligados a abandonar sus puestos a pesar de que había quedado demostrado que no habían realizado una gestión adecuada.
Jubilaciones sonadas
Paradójico fue el caso de Stanley O'Neal, presidente del desaparecido Merrill Lynch, propiedad Bank of America, que por abandonar su cargo percibió más de 100 millones de dólares o los 40 millones que se llevó Charles Prince, ex presidente de Citi, cuando dejó la entidad financiera. En España, hace poco, corrieron ríos de tinta por los cerca de 55 millones de euros que se llevó José Ignacio Goirigolzarri cuando abandonó su puesto de consejero delegado en BBVA.
Aquellos despidos crearon tan mala prensa que una de las primeras medidas que tomaron los Estados para los bancos que rescataron fue controlar las retribuciones y también las indemnizaciones de los consejos de administración.
Pero ese control parece que no se va a quedar ahí. Si hace pocos días el Gobierno colaba en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que las empresas cotizadas tendrían que publicar obligatoriamente la retribución individualizada de cada uno de los miembros del consejo y tendría que someter a consulta en junta de accionistas estos sueldos, ahora la CNMV parece dispuesta a dar otro paso adelante en materia de retribuciones.
Las propuestas
El supervisor lanzó ayer a consulta una serie de propuestas para actualizar el Código Unificado de Buen Gobierno, y los posibles cambios ponen énfasis en tres pilares: las retribuciones variables que percibe el consejo de administración, las indemnizaciones en caso de rescisión de contratos de los componentes de este órgano ejecutivo y fomentar la participación de accionistas significativos en las juntas mediante, por ejemplo, "la expansión del voto electrónico", explican fuentes del regulador.
Señalan, además, que esa mayor beligerancia de los gestores de fondos o planes de pensiones se debe asegurar para que éstos defiendan mejor los intereses de aquellos para quienes gestionan su dinero. La propuesta de actualización del regulador busca adaptar el Código Unificado de Buen Gobierno a las recomendaciones que el pasado mes de abril lanzó la Comisión Europea al respecto.
Aunque el Código de Buen Gobierno no es de obligatorio seguimiento, estas modificaciones, de salir adelante, provocarían que las principales entidades cotizadas españolas tuvieran que revisar alguna de sus prácticas para adaptarse. La CNMV no obliga a que las empresas cotizadas cumplan el Código, sino a que expliquen si siguen todos sus puntos y que puntualicen el porqué en el caso de no hacerlo.
Pocas lo cumplen
Los pesos pesados del Ibex 35 tendrán que dar algunas explicaciones si no retocan las claúsulas de rescisión de los contratos de los miembros del consejo de administración, especialmente de los presidentes y los consejeros delegados. Así, de acuerdo con la propuesta de CNMV, las indemnizaciones por abandonar el puesto no deberían superar "un importe establecido equivalente a dos años de la remuneración fija anual, y que no se abonen cuando la rescisión del contrato está causada por inadecuado cumplimiento", reza.
La mayoría de empresas españolas fallan en la primera. Según los informes presentados a la junta de accionistas en 2009, la indemnización media de los principales consejeros ejecutivos de las grandes empresas del Ibex ronda los cinco años de salario y, a veces, del bruto (que incluye las retribuciones variables).
La Ley de Economía Sostenible refuerza a la CNMV
