Las tres principales aerolíneas españolas cobran entre 12 y 96 euros por entregar al cliente su pasaje.
SEVILLA/MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) presentó hoy una demanda judicial en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid contra las compañías aéreas Iberia, Spanair y Air Europa por incrementar los precios de sus billetes con cargos adicionales por su emisión que, a juicio de la organización, son contrarios a la legislación vigente en materia de protección de los consumidores y navegación aérea. En la práctica, el recargo de emisión implica el cobro por parte de la compañía de un suplemento por simplemente entregar al cliente la factura o contrato de compraventa que representa el billete.
La demanda ha sido interpuesta como consecuencia de la "pasividad" del Instituto Nacional del Consumo (INC), dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, que todavía no ha dado respuesta a las reiteradas denuncias presentadas por FACUA desde mayo de 2004, según explicó el portavoz de la organización, Rubén Sánchez, en rueda de prensa. El pasado enero, la Federación presentó una queja ante el Defensor del Pueblo por la falta de diligencia y atención del INC.
"La vía más rápida no era denunciar a todas las compañías que aplican estas cláusulas, sino a las tres más importantes", subrayó Sánchez, quien precisó que una sentencia favorable a las tesis de la organización repercutirá en todo el sector. La Federación pide a los tribunales una acción de cesación para que se considere "nula, por abusiva", la cláusula general que establece el cargo adicional por emisión de billetes y "que dicha cláusula la eliminen las demandadas de sus condiciones generales".
La Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios establece como cláusula abusiva la "la imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por Ley imperativa correspondan al profesional". En este sentido, hasta tres normativas --la Ley de Navegación Aérea, el Convenio de Varsovia y el Convenio de Montreal-- establecen que la emisión del billete es una obligación inexcusable del transportista.
Iberia, Spanair y Air Europa ingresan "cientos de millones de euros" cada año con estos cargos por la emisión de los billetes que oscilan entre 12 y 96 euros, según el destino del vuelo, la clase elegida, el tipo de billete --papel o electrónico-- y la forma de compra --telefónica, en oficinas o por Internet--. Iberia e Spanair llegan a aplicar, asimismo, un segundo recargo de 15 euros si el usuario solicita un billete en papel en lugar de su versión electrónica. "Hay casos en los que el recargo por emisión llega a superar el precio del billete ofertado en publicidad", alertó Sánchez, lo que podría llegar a considerarse incluso "publicidad engañosa".
"PASIVIDAD DEL GOBIERNO"
En mayo de 2004, FACUA denunció ante el INC a Iberia, Spanair, Air Europa por la aplicación de estos recargos. El organismo del Ministerio de Sanidad y Consumo se limitó a trasladar la denuncia a la Dirección General de Aviación Civil, (DGAC) del Ministerio de Fomento, un organismo que "carece de competencias en materia de protección de los consumidores".
De hecho, en su respuesta Aviación Civil indicó que, tras consultar a la Comisión Europea sobre la aplicación de estos recargos, ésta confirmó que "se considera un concepto integrado en el término de tarifa aérea y, como consecuencia, está totalmente liberalizado".
En mayo de 2005, FACUA volvió a dirigirse al INC para reiterarle sus argumentos jurídicos y discernir de la resolución de la Dirección General de Aviación Civil, ya que la "existencia de un marco de tarifas liberalizadas no exime a las empresas de respetar la normativa de protección al consumidor".
De hecho, en respuesta a una consulta del grupo parlamentario de Coalición Canaria en el Senado, el Gobierno indicó en febrero de 2006 que la práctica denunciada por FACUA "tiene incidencia en materia de defensa de la competencia y en materia de defensa de los consumidores y usuarios", aunque "actualmente no se dispone de un criterio consensuado de las autoridades competentes en materia de consumo sobre el carácter abusivo de estas prácticas". El INC contestó en diciembre de 2005 indicando simplemente que "las actuaciones que ha iniciado al respecto este Instituto no se hallan finalizadas".
Paralelamente, FACUA ya había denunciado a Iberia, Spanair y Air Europa en mayo de 2004 ante el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), al detectar que estos recargos, además de ser ilegales, eran idénticos, de lo que se deducía la "existencia de un pacto contrario a la legislación en materia de competencia". En julio de 2005, el SDC elevó el caso al Tribunal de Defensa de la Competencia tras considerar probada la existencia del pacto.
