MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros aprobó hoy un Real Decreto por el que se modifica los reglamentos de ordenación de seguros privados y de mutualidades de previsión, con el objetivo de proporcionar mayor flexibilidad a las compañías de seguros en el desarrollo de productos, y favorecer su rentabilidad y competitividad.
La nueva normativa, que afecta al Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y al Reglamento de Mutualidades de Previsión Social, tiene por objetivo mejorar la gestión y solvencia de las aseguradoras para mejorar la competencia entre las entidades, para que pueda revertir en primas más baratas para los consumidores.
Entre los principales cambios normativos propuestos se encuentra el desarrollo de la tipología de los tipos de interés utilizables por las entidades aseguradoras para determinar el valor presente de sus obligaciones derivadas de los contratos de seguros suscritos, que se podrán adaptar bien a los existentes en el mercado, al de cuando se emitieron las pólizas o, en su caso, a las características concretas de ciertos productos de seguro.
El Gobierno pretende que las entidades puedan computar unos pasivos más próximos a sus obligaciones definitivas, con la utilización de métodos estadísticos adecuados a su experiencia y a las características de los compromisos asumidos por las mismas.
Además, se amplia la tipología de los activos que pueden dar cobertura a los compromisos asumidos por la entidades aseguradoras y se da entrada al capital riesgo, a las instituciones de inversión colectiva no armonizadas (como fondos de inversión libre), y a las titulizaciones en general o derivados de crédito, entre otras, con el objetivo de favorecer una gestión más activa de las carteras, aunque sin olvidar un mayor rigor en el control de las inversiones.
Asimismo, se modifica el desarrollo normativo sobre el control interno de las entidades aseguradoras, en su doble vertiente, la gestión de riesgos y la revisión interna, con una clara delimitación de la responsabilidad del consejo de administración de las entidades y la obligación de remitir un informe anual sobre la efectividad de las medidas de control interno implementadas.
Se pretende, de este modo, que haya una mayor transparencia en las compañías, así como detectar las ineficiencias en la gestión, con el fin de mejorar la calidad de servicio.
