Bolsa, mercados y cotizaciones

La CNMV pedirá que los accionistas voten el salario de los altos ejecutivos

Madrid, 10 oct (EFE).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) propondrá al Ministerio de Economía y Hacienda que obligue a las compañías cotizadas en bolsa a detallar el sueldo de cada uno de sus consejeros y que las retribuciones sean votadas por los accionistas, según publica hoy "El Economista".

El diario señala que la CNMV también quiere limitar las indemnizaciones que pueden llegar a cobrar los altos ejecutivos de las cotizadas, interviniendo así en la polémica que se generó a raíz de que se conociera que el consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, se jubilará anticipadamente con una pensión de 3 millones de euros brutos anuales.

Un portavoz de la CNMV no quiso confirmar la información y señaló que la actuación del organismo en esta materia se regirá por los principios trazados por su presidente, Julio Segura, que recientemente anunció su intención de que la remuneración de los consejeros de las cotizadas esté exenta de incentivos "cortoplacistas" que puedan ir en contra de los accionistas.

La divulgación de la remuneración específica de cada consejero y la votación en la junta general de accionistas de la política de retribuciones han sido algunas de las recomendaciones de la Comisión Europea en esta materia, que apenas han sido incorporadas por un tercio de los miembros de la Unión Europea.

En su último Boletín Trimestral, la CNMV ya advertía que en 2007 y 2008, las recomendaciones del código de buen gobierno (el llamado Código Conthe) que menos habían sido seguidas eran las relativas a la transparencia de las retribuciones de los consejeros.

De hecho, en 2008, tan sólo el 21% de las sociedades cotizadas decían someter al voto de sus accionistas la política de retribuciones, frente al 28% de 2007.

Según "El Economista", los técnicos de la CNMV critican en un informe interno la actitud de muchas cotizadas de ocultar las remuneraciones individualizadas de sus consejeros a los accionistas y abogan por que el organismo imponga la obligación, dado que las recomendaciones apenas han surtido efecto.

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