La Convención minera finalizó este viernes en Perú con un discurso más ambiental de las compañías tras años de depredación ambiental, peticiones renovadas de las comunidades campesinas para participar en la riqueza y críticas al Estado por su incapacidad para atajar conflictos.
El gremio minero aprovechó la cita celebrada durante cuatro días en Arequipa, al sur de Perú, donde habló de ganancias, pero igualmente hizo una reflexión sobre relaciones con la comunidad, daño ambiental y educación, un cambio con respecto a otros encuentros, donde estos temas apenas se abordaban, subrayaron analistas.
El presidente de la Convención, Félix Navarro-Grau, considera que "el sector minero en las dos últimas dos décadas ha mejorado de manera sustancial su manejo ambiental y en los próximos años será un claro ejemplo de cómo debe manejarse el tema social". "El origen de los conflictos en el Perú no se da necesariamente por la presencia de empresas en las comunidades sino (por) la carencia de servicios y la no presencia del Estado. No hay poder judicial, no hay respeto a la ley, no hay seguridad que pueda dar la policía", expresó.
Hay ONG muy críticas con las mineras que coinciden con ese diagnóstico. Ana Leyva, secretaria ejecutiva de la Red Muqui -ONG que asesora a las comunidades en sus procesos de negociación- dice a la AFP que el Estado ha fallado en garantizar una relación menos conflictiva entre mineras y comunidades. "El Estado aparece cuando el conflicto estalló, para apagar el incendio, pero ahí lo deja; trata de generar espacio de diálogo pero sólo baja la intensidad del conflicto y no resuelve nada de fondo", dice a la AFP.
El tema social y el ecológico van de la mano, y las comunidades que vinieron a Arequipa a participar en dos reuniones paralelas de "afectados por las minerías" dejaron claro que exigen ser incluidas.
Estanislao Ticona, comunero de Orcopampa, un pueblo del sur del Perú donde la minera Buenaventura explota oro desde hace 50 años, denunció la manera en que la compañía acabó con un cerro de donde bajaba el agua. "Luego trajo el agua de otro sitio. Pero nosotros vivimos de la agricultura y del ganado y en nuestra tierra van a vivir y morir nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer cuando la minera se vaya?", manifestó a la AFP.
El ministro de Medio Ambiente, Antonio Brack, hizo una autocrítica durante la Convención. "Los pasivos ambientales de siglos de minería en el Perú son difíciles de ocultar, están a la vista de las comunidades y siguen impactando en el ambiente", dijo Brack. "El proceso de remediación de los pasivos ambientales, hay que reconocerlo, es lento", señala Brack, quien indica que "la legislación minera ha sufrido cambios y hay un control al que contribuyen las poblaciones locales y la prensa, que no dan tregua".
Sin embargo, mientras el ministro decía esto en Arequipa, en Lima, el gobierno otorgaba a la minera estadounidense Doe Run una ampliación de 20 meses para adecuar su programa ambiental en la población de La Oroya, en el centro de Perú, una de las más contaminadas del mundo. La ampliación del plazo debe ser aprobado por el Congreso.
Para el analista Aldo Panfichi "el Estado no calibra las dimensiones de este problema social y ambiental, no tiene la conciencia que sí tienen las empresas y las ONG que trabajan en el sector. El Estado lo ve como un problema de orden público, llega tarde, y más que todo para reprimir".
Panfichi cree que los conflictos podrían llegar a manejarse mejor. "El ingreso de operadores más sofisticados ha elevado el nivel de la gerencia. La vieja minería entraba con una mezcla de racismo y poder económico a barrer sin que nada importara", dice el analista a la AFP. También "las comunidades han aprendido a negociar. Los hijos de los comuneros tienen mejor educación, saben que tienen derechos y saben cómo ejercerlos. Y además si las mineras son transnacionales también lo son las ONG, que trasladan las experiencias que se vivieron en otros países".