Madrid, 12 feb (EFECOM).- El Defensor del Pueblo pide al Gobierno que busque una solución para los afectados de Fórum y Afinsa por considerar que la "inactividad" de los poderes públicos ante un problema que conocían ha incrementado "los efectos económicos negativos" de las irregularidades cometidas por ambas firmas.
En una recomendación dirigida a la Secretaría de Estado de Economía, el Defensor del Pueblo concluye que es necesario que se adopten las medidas oportunas para dotar de un régimen jurídico adecuado a las sociedades de inversión en bienes tangibles, que es evidente que actuaban con un auténtico producto de ahorro-inversión.
Además, solicita la búsqueda de alguna solución para los afectados por la intervención de Fórum y Afinsa, "teniendo en cuenta que la inactividad de los poderes públicos de control frente a un problema que conocía ha incrementado los efectos económicos negativos de las irregularidades cometidas por las sociedades".
El Defensor considera que el conocimiento de estas irregularidades habría "disuadido" a muchos inversores de depositar sus ahorros en las filatélicas, "reduciendo la extensión del daño".
En el informe, se destaca que las sociedades de bienes tangibles carecen de una regulación específica, por lo que su operatividad "se ha producido siempre en un vacío legal que les permitía un ancho campo de actuación sin control".
Según la recomendación, lo más "lógico" habría sido abordar la cuestión bien incorporando un régimen específico dentro de la propia Ley de Instituciones de Inversión Colectiva o bien haber dictado un desarrollo reglamentario suficiente "que cubriera un régimen completo de control de dichas sociedades".
Máxime, añade el texto, "considerando que desde 1994 los poderes públicos, en concreto la Agencia Tributaria, eran conscientes de la problemática que planteaban ya dichas sociedades, lo que anticipaba los posibles perjuicios a los ciudadanos".
Sin embargo, critica el Defensor del Pueblo, estas sociedades se dejaron al margen del control legal de las autoridades financieras "estableciendo una regulación tan exigua y parcial que no recoge más que un mínimo mecanismo de información y un régimen sancionador que no se desarrolla con posterioridad".
El Defensor del Pueblo apunta que, además, carece de sentido calificar los sellos como bienes de consumo
El pasado mes de mayo, el Defensor del Pueblo abrió una investigación ante la Secretaría de Estado de Economía sobre "el vacío legal existente respecto de las sociedades de inversión en bienes tangibles", tras evidenciarse "la inoperatividad del control apriorístico" de los órganos competentes de la Administración.
La investigación se abrió tras la intervención judicial de Fórum y Afinsa, que presuntamente han estafado miles de millones de euros a sus más de 300.000 clientes.EFECOM
atm/jj
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