Una nueva puja por los miles de millones de dólares en impuestos agrícolas comenzaba este viernes en Argentina con una reunión del Gobierno peronista con las patronales de agricultores, en un conflicto que persiste desde las huelgas que conmovieron al país hace un año.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, un astuto y veterano negociador, recibía este viernes por la tarde, en nombre de la presidenta Cristina Kirchner, a los líderes de la Mesa de Enlace agropecuaria, soliviantados por el triunfo opositor en los mayores distritos de los comicios legislativos de junio.
Las patronales reclaman al Gobierno que ceda unos 3.000 millones de dólares de recaudación tributaria por derechos de exportación en favor del campo, que no incluye todos los impuestos federales y provinciales, pero Kirchner está dispuesta a resignar solamente hasta 500 millones, según consultores privados y fuentes oficiales.
Otra vez, como el año pasado, el agro pide reducir del 35% al 25%, o incluso menos, el impuesto que pagan por las exportaciones del grano y sus aceites unos 75.000 productores de soja, el 'oro verde' de la nación sudamericana.
Pero el precio de la tonelada de soja en los mercados dominantes, como el de Chicago, seguía esta semana en sostenida alza hasta tocar los 414 dólares, casi 30 dólares más que el año pasado, cuando la oleaginosa fue la manzana de la discordia entre Kirchner y la Mesa de Enlace.
La diferencia radica en que la crisis mundial provocó un abrupto freno en la economía doméstica -crecía al 9% y ahora se desploma-, y le ha quitado margen al Gobierno para dar concesiones en un sector que aporta el 14% de los ingresos fiscales, ahora raquíticos.
La combinación de crisis mundial, sequía y frágil inversión harán caer este año entre un 30% y un 40% las exportaciones de materias primas y manufacturas agrícolas, que sumaron 40.000 millones de dólares en 2008, según la Bolsa de Comercio.
Por lo tanto, los consultores privados estiman que los bolsillos del fisco recibirán este año 3.500 millones de dólares menos que los 9.500 millones embolsados en 2008 por derechos de exportación.
"En nombre de los argentinos que menos tienen, tenemos la obligación de llegar a acuerdos con responsabilidad patriótica", dijo esta semana Kirchner, quien pagó caro el conflicto con el agro en las últimas elecciones, al perder la mayoría en el Senado y en Diputados.
El argumento del Gobierno para rechazar las demandas es que las patronales representan lo que el peronismo denomina 'la oligarquía' y que se debe redistribuir la riqueza en un país que tiene seis millones de pobres, según cifras oficiales, o unos 14 millones, según la oposición.
"La primera batalla a los Kirchner se la ganamos en la calle y después en el Congreso y después en las urnas", bramó esta semana Hugo Biolcati, líder de la Sociedad Rural, ante un millar de sus partidarios, grandes propietarios o arrendatarios de tierras en la rica Pampa Húmeda (región central).
Biolcati evocó así con euforia el 17 de julio de 2008, cuando el vicepresidente, Julio Cobos, se pasó a la oposición sin dejar el puesto, al desempatar una dramática votación en el Senado y hacer fracasar el proyecto de Kirchner de impuestos flotantes a las exportaciones agrícolas.
El Gobierno aceptaría reducir impuestos al trigo, maíz y girasol, pero mantendría los de la soja, según una fuente oficial.
Si esta es la propuesta, la puja entraría de nuevo en un callejón sin salida, porque casi el 70% de la superficie arable será sembrada con la leguminosa.
Aún así, la cosecha de la soja caerá de 47 a 34 millones de toneladas, en el mejor de los casos, según estimaciones bursátiles.
El impacto del conflicto excede las fronteras, debido a que las ventas externas de granos argentinas representan un 17% del comercio internacional del sector.
Argentina es el tercer vendedor mundial de grano de soja, detrás de Estados Unidos y Brasil, con China como su principal comprador, pero está a punto de perder posiciones.
