Barcelona, 21 jun (EFE).- El nuevo decreto con el reglamento de despliegue de la Ley de Seguridad Industrial de la Generalitat, a cuyo borrador ha accedido Efe, topa con la nueva Ley de Liberalización de Servicios, conocida como "Ley Omnibús", que ha aprobado recientemente el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Fuentes del Departamento de Innovación, Universidades y Empresas de la Generalitat, que encabeza Josep Huguet (ERC), han explicado a Efe que el decreto seguirá adelante con la intención de aprobarse después del verano pese a los problemas que se han detectado en áreas como la certificación industrial, por la cual se verifica por un tercero autorizado que se cumplen determinadas reglas de producción, desarrollo y calidad.
Estas mismas fuentes han asegurado que la Generalitat cuenta con dos dictámenes, uno de los servicios jurídicos de la propia conselleria y otro de los Servicio Jurídicos Centrales de la Generalitat, que avalan que con el nuevo Estatut la seguridad industrial es una competencia exclusiva de esta CCAA.
No lo entiende así el Proyecto de Ley de Modificación de Diversas Leyes para Su Adaptación sobre el Libre Acceso a la Actividades de Servicios y su Ejercicio, que aprobó el Gobierno el pasado 12 de junio.
En el caso de las certificaciones industriales, el texto del Gobierno establece la "libertad de establecimiento" como también que cualquier empresa que tenga permiso para operar en una CCAA lo pueda hacer en el resto de España, añadiendo que la norma de cada CCAA será válida además "sin que puedan imponerse requisitos adicionales para el ejercicio de la actividad en todo el territorio nacional".
Sin embargo, la Generalitat limita en el decreto el número de empresas que podrán dedicarse a este tipo de actividad siendo establecida en seis para el control de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y en otras seis para la certificación industrial.
También se establecen por parte de la Generalitat otro tipo de restricciones tales como una autorización previa de la Agencia Catalana de Seguridad Industrial, fondos propios de más de 10 millones de euros y "un número mínimo de personal para cada uno de los ámbitos de reglamentos técnicos de seguridad industrial".
En este momento sólo están habilitados dos grupos para la actividad de certificación industrial: el grupo alemán TUV-Reiland, que controla la firma ICIT, y ECA, propiedad de Bureau Veritas.
La certificación industrial precisa de un permiso administrativo y no supone una gran volumen de facturación, todo el sector moverá en Cataluña cerca de 30 millones de euros, pero en cambio da acceso a un gran negocio añadido de servicio a las empresas que resulta muy lucrativo.
El decreto de la Generalitat estima que se harán dos concursos, uno para ITV y otro para certificación para que se llegue a la cifra de seis grupos por segmento de actividad.
Fuentes del sector consultadas por Efe han señalado que este concurso puede cambiar de manera importante el mapa de la certificación industrial si como se espera, un gigante multinacional como Applus+, propiedad del fondo de capital riesgo Carlyle, que ya es líder en el mercado de ITV, desembarca en el de certificación.
En este momento las empresas que operan en este mercado son empresas "habilitadas", según la administración ya que la concesión fue anulada por el tripartito, si bien las empresas habilitadas siguen abonando a la Generalitat el 10% de su facturación por este tipo de trabajos.
De aprobarse finalmente. el decreto podría ser impugnado por operadores que entendiesen que se está restringiendo su capacidad para competir en el conjunto de España.
