La Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela aprobó esta semana una ley que otorga al Estado el control de al menos el 50% de las actividades petroquímicas e impulsa a su vez la creación de "zonas especiales" con una situación fiscal propia para atraer capitales extranjeros.
La "ley orgánica para el desarrollo de las actividades petroquímicas", aprobada el martes por la tarde, estipula que "se reserva al Estado la actividad petroquímica básica e intermedia", que será ejercida a través de empresas propiedad del Estado o de empresas de capital mixto que "estarán sujetas a la previa autorización del Ejecutivo Nacional". El texto estipula que la actividad y los bienes derivados de ella "se declaran de utilidad pública, de interés social y de carácter estratégico".
"El mercado se ampliará a tal extremo que habrá campo suficiente para todos, solo que ahora el Estado venezolano se queda con por lo menos el 50% de lo invertido", explicó el diputado Adel El Zavayar, a la cadena de televisión del Parlamento, ANTV.
Por otra parte, la ley establece que el gobierno venezolano impulsará la creación de "zonas especiales en materia económica, fiscal, científica y tecnológica para el desarrollo de proyectos previstos en esta ley, otorgando para ello los beneficios que considere conveniente".
El presidente de la Comisión de Energía del Parlamento, Ángel Rodríguez, explicó que el Estado desea atraer socios privados, ya que se necesitan inversiones estimadas en 20.000 millones de dólares hasta 2013, para impulsar el potencial del sector. Según el diputado, hay inversores con los que las negociaciones están muy avanzadas, procedentes de Brasil, Japón, India o Arabia Saudí.
En la actualidad, la petroquímica estatal Pequiven mantiene una participación minoritaria en consorcios conformados con empresas de Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Italia, Japón y Holanda, según medios locales. La misma situación se presenta en otras empresas mixtas con capitales nacionales.
Venezuela inició en 2007 una política de nacionalizaciones de industrias estratégicas, como la petrolera, las telecomunicaciones y la electricidad, que en 2008 también abarcó los sectores siderúrgico, cementero y bancario.