BRUSELAS, 22 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea pidió hoy formalmente a España que suprima de manera paulatina hasta finales de 2010 los incentivos fiscales a las empresas españolas que invierten en el extranjero, al considerar que distorsionan la competencia y el comercio en el mercado único. Las autoridades españolas tienen un mes para aceptar esta petición, ya que de lo contrario el Ejecutivo comunitario abrirá una investigación formal.
"Estoy segura de que España cooperará con la Comisión y suprimirá rápidamente estos incentivos, que distorsionan gravemente el comercio y la competencia en el mercado único. No vacilaré en actuar en el caso de que España no cumpla plenamente estas recomendaciones", dijo la comisaria de Competencia, Neelie Kroes.
El régimen ofrece a las empresas españolas un crédito fiscal anual del 25% de la cantidad invertida para establecer una sucursal en el extranjero, adquirir una participación sustancial en una empresa extranjera, y para explorar o penetrar nuevos mercados (también en los demás Estados miembros), siempre que las inversiones estén vinculadas a la exportación de bienes o servicios desde España.
Los incentivos comprenden además una desgravación fiscal temporal del 25% de los gastos para adquirir el control de una sociedad de fuera de la UE, siempre que se trate de un negocio nuevo sin relación con las actividades ejercidas en España.
Bruselas considera que los incentivos reúnen todas las características de las ayudas estatales. Las empresas que invierten o compran empresas en el extranjero obtienen un beneficio fiscal financiado con recursos estatales, que puede distorsionar gravemente la competencia y afecta de forma evidente al comercio, ya que lo que se pretende es favorecer a los exportadores españoles. La Comisión insiste en que los incentivos no cumplen ninguno de los criterios establecidos en el Tratado para autorizar ayudas estatales.
Los incentivos son, en su mayor parte, anteriores a la entrada de España en la Comunidad, en 1986, y constituyen por tanto "ayudas existentes". El Ejecutivo comunitario abrió un procedimiento de cooperación con las autoridades españolas para suprimirlos, y obtuvo el compromiso de que se eliminarán progresivamente hasta 2010. El 10 de marzo, el Gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley que elimina la desgravación fiscal del 25% desde el 1 de enero de 2007 y reduce progresivamente el resto de las ventajas fiscales hasta finales de 2010.
Para asegurar la derogación efectiva de todos los incentivos, la Comisión pide formalmente a España que acepte las siguientes medidas: reducción del crédito fiscal del 25% al 12% a partir del 1 de enero de 2007; reducciones anuales del crédito fiscal del 3% hasta su completa eliminación antes del 1 de enero de 2011; y supresión inmediata de cualquier ayuda a la exportación o que favorezca a los productos nacionales frente a los importados.
En el caso de que en el plazo de un mes España no haya aceptado las medidas propuestas, la Comisión abrirá una investigación formal.