El Instituto Nacional de Consumo recuerda que la competencia en el caso de las reclamaciones del sector aéreo es de Aviación Civil
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) exigió hoy al Gobierno información "detallada" sobre las medidas llevadas a cabo ante la crisis de Air Madrid para garantizar los derechos de los pasajeros.
En este sentido, Ausbanc Consumo pidió al Ministerio de Sanidad y Consumo y al Ministerio de Fomento información sobre qué "organismo ha sido designado ante la Unión Europea para garantizar el cumplimiento de los derechos conferidos de forma mínima" a cualquier pasajero con salida o destino en un aeropuerto comunitario, "que en la crisis de Air Madrid han sido vulnerados pública e incontestablemente". La Asociación recordó que los Estados miembros deben notificar a la Comisión Europea el organismo que hayan designado, según el propio reglamento comunitario.
Este reglamento otorga a los usuarios de líneas aéreas una serie de derechos "que han sido absolutamente vulnerados por la compañía aérea Air Madrid desde el pasado día 15 de diciembre, sin que desde ningún organismo público se haya previsto un plan de contingencias ni se haya hecho nada para evitarlo ni tan siquiera para garantizar el cumplimiento de los derechos básicos que, en caso de no volar, asisten a los usuarios". Ausbanc destacó los derechos de asistencia, de explicación, de información, de reembolso o transporte alternativo, de compensación y de indemnización.
LA RESPONSABILIDAD ES DE AVIACIÓN CIVIL
Ausbanc indicó que la primera carta de reclamación enviada por la Asociación ya ha sido respondida por la directora general del Instituto Nacional de Consumo, Ángeles Heras Caballero, desde donde se afirmó que "la competencia en la información y asesoramiento al usuario y la atención de quejas en relación con la calidad de los servicios y el contrato de transporte aéreo y los aeropuertos fue atribuida a la Dirección General de Aviación Civil".
La Asociación de consumidores explicó que a través de la información obtenida con las reclamaciones previas y con "toda la información y documentación que se está recabando de los afectados" inician los trámites de las vías de reclamación que se habilitarán, según las circunstancias de cada ciudadano. Ausbanc precisó que la dirección de la Asociación prevé que dichas vías sean reclamaciones administrativas, mediaciones, reclamaciones en vía arbitral de turismo, reclamaciones extrajudiciales, reclamaciones judiciales individuales civiles y/o penales y reclamaciones en defensa de los intereses generales de los consumidores.
La Asociación destacó que este "compendio de actuaciones" se dirigirá, "en la medida en que no se atiendan inmediatamente los requerimientos previos", contra los distintos responsables de los perjuicios causados a los pasajeros, bien a título individual o bien solidarias o subsidiarias.
Ausbanc señaló entre los posibles reclamados no sólo Air Madrid, sino también el Ministerio de Fomento, la Dirección General de Aviación Civil, el Ministerio de Consumo, el INC, las agencias de viajes, entidades de crédito, la IATA y aseguradoras de cualquiera de las anteriores. Asimismo, también incluyó a cualquiera de las personas que "a título individual y/o en el ejercicio de sus funciones pudieran haber incurrido en algún supuesto de responsabilidad" y todo ello "sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que convengan al derecho de los pasajeros afectados y de todos los consumidores y usuarios".
Ausbanc destacó que a estos "esfuerzos" se unirán las asociaciones de inmigrantes con las que Ausbanc está estableciendo lazos para tramitar las reclamaciones de los inmigrantes de sus respectivos países.
La Asociación consideró que con este plan Ausbanc "cumple con su promesa de iniciar un completo abanico de reclamaciones para lograr el total resarcimiento a los miles de pasajeros que en medio de una campaña navideña se han visto privados de sus derechos, proyectando una imagen tercermundista de España, donde se ejerce la delincuencia en perjuicio de los derechos de los consumidores y se acusa a los ciudadanos afectados de querer que el Estado español les costee las vacaciones cuando estos ciudadanos ya tenían su billete pagado".
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