Tan sólo quedan once días. Y no para tomarse las uvas con toda la familia y entrar en 2007 con buen pie, sino para ponerse al día de todos los cambios legislativos que se producirán en el próximo ejercicio. De momento, el año nuevo viene cargado con más de diez leyes novedosas, que pueden suponer toda una revolución para los sectores y compañías.
La primera en llegar es la Reforma Fiscal, que empieza a aplicarse el 1 de enero. Entre las medidas que establece se encuentra la reducción del Impuesto de Sociedades hasta el 30 por ciento, frente al 35 por ciento actual. El próximo ejercicio se aplicará el 32,5 por ciento, y ya en 2008, el 30 por ciento. Además, la nueva ley establece que las rentas del ahorro (como los dividendos) tributarán al 18 por ciento, frente al 15 por ciento anterior, con un mínimo libre de impuestos de 1.500 euros.
Repercusión
Los expertos aseguran que esta ley tiene un impacto positivo en el beneficio de las compañías. "Las empresas del Ibex 35 vivirán un crecimiento de su resultado agregado del 2 por ciento en 2007 y del 4 por ciento en 2008", comenta Ahorro Corporación. Se espera que destaquen, sobre todo, Enagás, Iberdrola y Red Eléctrica, al ser fuertes generadoras de caja. De hecho, se calcula que las empresas de distribución, Enagás y Red Eléctrica, podrían tener un ahorro fiscal en torno a 18 millones de euros en 2008, lo que supone casi un crecimiento del 7,7 por ciento de su beneficio neto. Por su parte, Ibersecurities incrementó un 10 por ciento su precio objetivo en estas dos empresas, tras conocer estos cambios normativos.
La reforma fiscal también favorece que las grandes familias adquieran paquetes empresariales del 5 por ciento, ya que de esta forma gozan de exenciones en el pago de impuestos patrimoniales. Este esquema ya lo ha replicado la familia Del Pino, dueña de Ferrovial, que la semana pasada compró el 5 por ciento de Acerinox, Pastor y Gamesa.
Movimientos corporativos
Otra de las normas que también va a revolucionar el mercado empresarial antes y después de su aplicación es la nueva Ley de Opas. A pesar de que esta reforma no entrará en vigor hasta mayo, los analistas consideran que se van a producir grandes reformas en los próximos meses, que pueden beneficiar a más de un inversor. Desaparecen las opas parciales y se establece un modelo a posteriori, en el que si se supera el 30 por ciento de los derechos de voto de una compañía se debe lanzar una opa por el cien por cien.
Con esta medida, se pueden producir cambios antes y después de su aplicación. Por ejemplo, en las compañías en las que el accionista principal tiene menos del 30 por ciento podrían animarse a emitir una oferta parcial para asegurarse el control de una forma más barata que con la nueva ley. En este grupo destacan Bankinter, Jazztel, Tubos Reunidos, Acerinox, Duro Felguera, Pescanova, Natra y Pescanova, ya que sus principales accionistas están rondando el 20 por ciento del capital y se podrían vivir movimientos corporativos a corto plazo.
Además, los expertos matizan que el inversor que ahora tenga una participación inferior al 25 por ciento y no quiera lanzar una oferta, puede esperar a la entrada de la ley para alcanzar al 30 por ciento sin tener que llegar a la opa, por lo que a partir de mayo se podría ver también una presión compradora en alguna de estas compañías. Este momento es el que está esperando Acciona en Endesa, que ya ha conseguido un 20 por ciento de la eléctrica, pero podría alcanzar el 30 por ciento cuando entre en vigor.
Otro caso llamativo puede ser el del presidente de Barón de Ley, Eduardo Santos, que ya posee el 24 por ciento de su compañía y si ahora compra más acciones se vería obligado a lanzar una oferta.
Posible exclusión
La ley de opas también recoge que si un empresario tiene más del 90 por ciento de una compañía puede obligar a los inversores a que le vendan su participación para excluir el valor de bolsa. En esta tesitura se encuentra ahora, por ejemplo, Banco de Castilla, en el cual Banco Popular tiene el 95 por ciento del capital y podría obligar a los accionistas a vender su parte.
A estas dos normas se une un gran número de reformas legislativas sectoriales que puede tener un impacto no tan positivo. Una de las que más polémica está levantando es la entrada de la Mifid en noviembre de 2007. Esta ley elimina la concentración de las órdenes a través de la rectora de las bolsas, por lo que se permite elegir el registro, la compensación y la liquidación. Los expertos creen que podría tener un impacto negativo en los volúmenes de contratación Bolsas y Mercados (BME).
Altos costes de inversión tecnológica
Los analistas aseguran que el problema podría estar en la posibilidad de que entren brokers globales que sean capaces de asumir los altos costes de inversión tecnológica y que obligarían a BME a bajar las tarifas para ser competitiva. De hecho, la nueva plataforma global que propusieron siete bancos de inversión el 14 de noviembre provocó una caída de BME del 5 por ciento en una sola sesión.
Las firmas de inversión han empezado ya a calcular el impacto y estiman que una caída del 10 por ciento del volumen de negocio en renta variable podría provocar un descenso del 6 por ciento en el resultado neto de este área.
Otra de las reformas que también puede ver la luz este año es Basilea II. Este acuerdo obliga a las entidades a tener un requisito mínimo de capital, un proceso de supervisión y disciplina de mercado. Aunque todavía faltan elementos por determinar, como la posición que tomarán los bancos centrales, Ahorro Corporación cree que las entidades con actividad minorista y sin exposición en países emergentes serán los más beneficiados a la hora de liberar capital. Un claro ejemplo serían Banco Popular, Bankinter y Banesto.
Las leyes electrizantes
El sector eléctrico es uno de los más afectados en 2007 por los cambios legislativos que se van a producir. La más conocida es la Tarifa Eléctrica, que al final subirá por debajo del IPC, frente al 10 por ciento que se calculó en un principio. Sin embargo, una u otra subida no tiene impacto en los beneficios de las compañías.
Hay que tener en cuenta que a las eléctricas les cuesta más, en determinadas ocasiones, producir la luz que lo que cobran al consumidor, una diferencia que al final afronta el Estado. "No tiene un impacto especialmente relevante para las compañías eléctricas, ya que el Gobierno mantendrá las compensaciones por este déficit, de manera que la contraprestación para las eléctricas se mantiene en los términos actuales", comenta Carlos Gardeazábal, asesor jurídico de BNP Paribas.
Otra de las medidas que entrará en vigor el próximo año es la revisión del marco regulatorio de las empresas gasistas. "Cabe esperar una variación en la forma de retribuir la actividad de regasificación, que hasta ahora incorporaba un componente variable que previsiblemente se eliminará y se sustituirá por una retribución fija, en línea con la que perciben las compañías por sus otras actividades (transporte y almacenamiento)", añade Inverseguros. La empresa española más afectada sería Enagás, pero los expertos consideran que el impacto sería prácticamente nulo en su cuenta de resultados, puesto que permitirá mejorar la eficiencia del sistema, ya que la actividad de regasificación se realizará en función de la proximidad a los puntos de abastecimiento.
Por último, dentro del sector de telecomunicaciones se esperan dos cambios. La Unión Europea quiere regular las tarifas de roaming móvil en llamadas internacionales entre países de la UE. Los operadores indican que es justificable una regulación de las tarifas mayoristas -lo que los operadores se cobran entre sí-, pero no una regulación de las tarifas minoristas (las que se cobran al cliente final).
El impacto de esta medida rondaría una caída del 1,6 por ciento del beneficio bruto de explotación de Telefónica; un 0,9 por ciento, del de France Telecom y Telecom Italia, y un 0,5 por ciento para Deutsche Telecom, según Ibersecurities, que cree que la rebaja de estas tarifas debería estar ya ampliamente descontada en las cotizaciones.
Además, en Europa habrá que prestar atención a cómo se regulan las redes fijas con fibra óptica y si se avanza en la idea de crear un regulador único europeo.
