El PP pide la derogación del decreto por considerar que es contrario a la legislación comunitaria
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, afirmó hoy en el Congreso que la carta de emplazamiento enviada por la Comisión Europea (CE) pidiendo explicaciones por el decreto que otorga mayores poderes a la CNE no es razón para su derogación, y recordó que los gobiernos del PP recibieron "decenas" de cartas similares.
Montilla respondía de esta manera a las preguntas del diputado del Partido Popular (PP) Javier Gómez Darmendrail que le emplazó a derogar dicho decreto por considerar que es "contrario a la legislación comunitaria y está abocado a un contencioso en el Tribunal de Luxemburgo".
El titular de Industria subrayó que "ningún gobierno europeo cambia su normativa por el mero hecho de recibir una carta de emplazamiento de la Comisión Europea".
"Cuando hubo el cambio de Gobierno había decenas de cartas de emplazamiento incoadas por la Comisión contra el Gobierno. Ustedes no cambiaron la normativa por el mero hecho de recibir una carta de emplazamiento", respondió. Añadió que al PP le llevaron al Tribunal de Luxemburgo y le condenaron. "Tienen muy mala memoria", dijo.
El titular de Industria aclaró los pasos que desembocan en un contencioso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE): primero una comunicación informal, segundo una carta de emplazamiento, después un dictamen motivado, y entonces se pasa al Tribunal de Luxemburgo. Después de cada uno de estos pasos el Ejecutivo nacional tiene la posibilidad de ofrecer sus propios argumentos.
Montilla insistió en que el Ejecutivo "considera que el Real Decreto Ley se ajusta a derecho, como todo lo que aprueba, y responderá a la carta de emplazamiento (recibida el lunes 8) demostrándolo".
Los diputados populares afirmaron que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, dijo que había que evitar el nacionalismo económico, y Montilla recordó que cuando era primer ministro de su país, "impulsó la fusión entre EDP y GALP para formar un campeón nacional, que fue vetada por la Comisión".
"Desde diversos países europeos se está intentando la creación de grandes grupos energéticos, en muchos casos con el apoyo de sus respectivos gobiernos", declaró.
Así, recordó la llamada 'Ley Rato', o la disposición adicional 27, diseñada para frenar la entrada de EDF en el sector energético español. "¿Estaban defendiendo los intereses de los consumidores o hacían retórica nacionalista?", preguntó.
"El Gobierno trata de que haya grandes empresas españolas que puedan ser líderes europeos y globales en el sector energético, y también en otros sectores", afirmó. Por ello, añadió que no ve por qué habría que "renunciar a hacer algo que ya están haciendo nuestros socios comunitarios, que también son nuestros competidores, es algo a lo que no vamos a renunciar".
EL PP PIDE LA DEROGACIÓN DEL DECRETO.
El diputado 'popular' Fernando Vicente Castelló recordó las palabras de Barroso en las que decía que había "evitar la retórica nacionalista" en el debate energético y añadió el socialista y comisario europeo para Asuntos Económicos, Joaquín Almunia estaba de acuerdo con esto.
Castelló, que acusó al Gobierno de practicar este nacionalismo" y de defender los "campeones nacionales" calificó al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de "Evo Morales de León de sonrisa fácil con traje y corbata". Al ministro Montilla la acusó de estar "en sus cuitas particulares", más pendiente de la política de Cataluña.
Por su parte, el diputado Gómez Darmendrail también acusó al Ejecutivo de "arbitrariedad, incompetencia y falta de respeto a la ley" y de haber "cambiado las reglas de juego a mitad del partido", por el decreto de la CNE.
"Yo le dije a usted (ministro) que habían fabricado una normativa contraria a los tratados de la UE, que habían desoído las advertencias contra cualquier barrera a la libre circulación de capitales en la Comunidad, y que el afán totalizador del decreto rezumaba una mentalidad intervencionista incompatible con el marco europeo, y hoy mantengo esas afirmaciones", dijo.
Así, pidió al Ejecutivo la derogación del decreto, a lo que el ministro le respondió que no y Darmendrail vaticinó que el decreto acabaría en un contencioso en el Tribunal del Luxemburgo, "que sin duda" el Ejecutivo "perderá". "El Gobierno debería rectificar y derogar la norma que contradice el derecho comunitario", concluyó.
