Madrid
En primer lugar quiero felicitar a todas las gestoras y, en especial, a las premiadas en esta nueva edición de entrega de premios del ejercicio 2021, que ha sido especialmente brillante en lo que a rentabilidades se refiere.
Efectivamente, el año pasado los partícipes han obtenido una rentabilidad extraordinaria tanto en fondos de inversión como en fondos de pensiones, que han permitido a las gestoras transferirles casi 58.000 millones en rendimientos en los vehículos domésticos (casi 5 puntos de PIB). Además, la cifra espectacular de suscripciones ha logrado que el patrimonio comercializado en España, incluyendo a instituciones de inversión colectivas (IIC) internacionales, se haya situado en máximos históricos: 748.000 millones (62% PIB), con un incremento del 17%.
La utilización generalizada de los nuevos servicios al alcance de los partícipes, como son la gestión discrecional de carteras y el asesoramiento, que ya canalizan casi 6 de cada 10 fondos en España, han permitido que el perfil de riesgo haya pasado del 29% del patrimonio en 2014 en mixtos y renta variable al 43% en 2021, con la consiguiente adaptación de estrategia de los partícipes a las crisis del Covid y más recientemente a la de la invasión de Ucrania, debido a las alteraciones de los mercados.
El sector de gestión de activos está comprometido con ayudar a conseguir los objetivos de política económica y de sostenibilidad. La inversión colectiva lleva mucho tiempo apostando por la sostenibilidad y los planes que las gestoras tienen ya en marcha ayudarán a acelerar la transformación de la economía española. Este proceso se vería acelerado en primer lugar si hubiera un apoyo fiscal a partícipes que inviertan en fondos sostenibles (FIESEs) y a fondos sostenibles para pymes (FIESEs Pymes); si además se eliminaran dudas sobre qué productos han de considerarse dentro de las categorías a las que se refieren los artículos 8 y 9 según el reglamento de divulgación (SFDR) eliminando las diferencias en las diferentes jurisdicciones europeas en lo referido al registro; y por ultimo si se racionaliza el calendario normativo de sostenibilidad, de manera que la aplicación de unas normas posibilite la implementación de otras, aclarando si tendrá lugar el retraso en la aplicación de la nueva normativa MiFID en materia ESG (preferencias de sostenibilidad de inversores) y flexibilizando la propuesta actual que obliga a los comercializadores a explicar a clientes conceptos legales pendientes de desarrollo y/o clarificación y a preguntarles por su interés en productos que no pueden ofrecer.
El ahorro doméstico es una fuente de recaudación de impuestos tanto directa (1.400 millones de euros en retenciones de fondos de inversión y 1.200 millones por prestaciones en fondos de pensiones), como indirecta (reducción prima de riesgo, menor carga de intereses para administraciones públicas y empresas), y además evita pérdida de soberanía a un país para decidir la localización de sus inversiones.
Sin embargo, el recorte drástico del límite de aportaciones a los planes de pensiones individuales (un 80% entre 2021 y 2022), ha supuesto un frenazo al desarrollo de los planes individuales, agravado por no venir acompañado de un previo marco regulatorio y fiscal de promoción del segundo pilar (planes de empresas), que choca con la práctica europea de los tres pilares.
Desde Inverco hemos defendido que hay que potenciar y estimular el segundo pilar, pero no a costa del tercero. Los planes de empleo son complementarios y no son sustitutivos de los planes individuales, que siguen siendo necesarios para la inmensa mayoría de trabajadores cuya empresa no tiene constituido un plan de pensiones de empleo, y en especial, para el colectivo de autónomos.
El proyecto de Ley de Fondos de Pensiones de promoción pública es un buen punto de partida, pero debe aumentar los estímulos a las empresas, tanto fiscales como no fiscales durante la tramitación parlamentaria.
Las declaraciones del gobierno de trasladar progresivamente los beneficios fiscales desde los planes individuales a los de empleo, no se ven reflejadas en la realidad, ya que ni hay realmente un traslado ni éste es progresivo, sino una reducción drástica del beneficio fiscal, al reconocer el propio gobierno un ahorro fiscal anual de 580 millones de euros (equivalente a 1.500 millones menos de aportaciones), más otros 100 millones adicionales anuales a partir de este año.
En fondos de inversión deben seguir eliminándose las 'eñes' (requisitos financieros no exigidos por la normativa europea) que siguen dificultando el crecimiento de la industria (préstamo de valores, régimen de información armonizado, consentimiento para transformación a cuentas ómnibus, etc), permitiendo el desarrollo de nuevas figuras como fondos institucionales (número máximo de participes institucionales), o fondos de empresa (para simplificar la entrega de acciones a los trabajadores). Tenemos una oportunidad en el Parlamento con la transposición de la directiva de venta transfronteriza de IIC.
