MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó hoy por unanimidad una proposición no de ley del PSOE por la que se insta al Gobierno a introducir mecanismos de flexibilidad en los títulos para la ocupación temporal de la zona de dominio público marítimo-terrestre asociados a la actividad turística, con la finalidad de facilitar a los empresarios del sector hostelero y de la restauración que puedan mantener estos permisos de ocupación más allá de la temporada de verano.
El objetivo de esta proposición es facilitar la ordenación de los distintos usos por parte de los ayuntamientos, "simplificando" los trámites, "flexibilizando" los períodos de instalación para adaptarlos a las necesidades de los usuarios y a la climatología y ofreciendo una "cierta seguridad" en la prestación de determinados servicios más allá de un año para aquellas instalaciones en las que sea "razonable" establecerla.
La autora de la proposición, la diputada del PSC Montse Palma, explicó que esta ampliación beneficiaría a los empresarios que han realizado una inversión "importante" y se esfuerzan en mantener abiertos sus establecimientos fuera de la temporada turística pero "en consonancia" con los planes de diversos municipios costeros para alargar esta temporada poniendo en valor otros activos culturales y paisajísticos, además del sol y la playa, "para desestacionalizar el turismo" de estas zonas.
En la actualidad, la gestión de la ocupación temporal de las playas se hace a partir de los planes de usos anuales que elaboran los ayuntamientos y que son aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente. A pesar de la flexibilidad que permite su elaboración anual, el PSOE lamenta en su iniciativa que existen "bastantes casos" en que dicha anualidad supone una "incertidumbre" que repercute "negativamente" en la actividad económica y supone la repetición "innecesaria" de las solicitudes.
Por ello, los socialistas consideran que se puede modificar el procedimiento actual de ocupación, de forma que se simplifique y permita asegurar la continuidad de la actividad económica, todo ello en el marco de la reorientación en la política de costas que el Ejecutivo está aplicando con el fin de reconocer y preservar los valores ambientales del litoral y fomentar "activamente" la conservación y recuperación de los ecosistemas asociados.
La necesidad de realizar los trámites y las gestiones cada año, además de la repetición innecesaria en las solicitudes, "provoca una incertidumbre en el sector que afecta negativamente la actividad económica que prevén llevar a cabo", recalcó la diputada socialista. Además, señaló que la legislación actual "sólo" contempla las autorizaciones para establecimientos fijos o temporales, y no a aquellos que llevan a cabo una ocupación temporal con instalaciones desmontables y que quieren continuar su actividad una vez transcurrido el periodo estival.
ACUERDOS PARA LAS EXPROPIACIONES
En esta línea, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja aprobó también por unanimidad una iniciativa de CiU, consensuada con el PSOE, por la que la Administración central deberá acordar con los particulares u otras administraciones públicas las expropiaciones de terrenos necesarias para realizar obras en el dominio público marítimo-terrestre estatal "con el objetivo de gestionarlo de forma adecuada".
El portavoz de Medio Ambiente de CiU en el Congreso, Josep María Guinart, recordó que la Administración realiza actuaciones sobre el dominio público marítimo-terrestre para garantizar un uso y desarrollo sostenible de estos recursos costeros y, a tal fin, el Ministerio de Medio Ambiente emprende, en colaboración con los municipios afectados, actuaciones en senderos litorales, accesos peatonales a la ribera del mar, construcción y remodelación de paseos, entre otras cuestiones.
En ocasiones, y para acometer dichas obras, se deben expropiar terrenos, en cuyo caso, --se queja Guinart--, los ayuntamientos se ven conminados por el Departamento que dirige Cristina Narbona a realizar dichas expropiaciones y poner en manos de la Administración estatal estos terrenos, cuando en "en ningún caso" esta tarea "se encuentra contemplada" entre las competencias de los municipios.
