MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El coordinador ejecutivo de Economía y Trabajo de IU, Javier Alcázar, consideró hoy "un escándalo monumental" que el Gobierno vaya a elevar la luz cerca del 10% de media para 2007" tras las consecutivas subidas de la tarifa eléctrica por encima del IPC en enero y junio de 2006, y exigió precios especiales para los colectivos vulnerables y las pymes.
En concreto, Alcázar aseguró que "este nuevo aumento no se justifica con el argumento manido de intentar corregir el precio real de los costes", afectados por la evolución del precio del petróleo, la existencia de un déficit tarifario y la necesidad de financiar un nuevo ciclo de inversiones.
A su juicio, el Gobierno socialista de "mira para otro lado mientras las empresas productoras están obteniendo un espectacular aumento de los beneficios declarados, llegando a cifras récord en algunos casos, además de una fuerte revalorización bursátil".
Además, puso sobre la mesa que "el Gobierno apoya y es cómplice del momento actual que vive el sector de la energía, que se encuentra salpicado por distintas OPA's cuyo objetivo último es únicamente buscar la concentración empresarial y la disminución de la competencia y el desarrollo de oligopolios energéticos".
En su opinión, "el Ejecutivo socialista ha olvidado rápidamente la ingente cantidad de dinero que supuso para las arcas del Estado los denominados 'costes de transición a la competencia' que, en teoría, se deberían haber destinado a la mejora de la producción y distribución de energía eléctrica".
Según Alcázar, "los efectos de este pulso entre las grandes eléctricas y las grandes industrias por la obtención de acuerdos tarifarios beneficiosos van a volver a recaer sobre el conjunto de los trabajadores, por más que desde el Gobierno se baraje la posibilidad de aplicación de distintas subidas, dependiendo del grado de consumo particular".
Finalmente, instó al Gobierno a que no aplicar subidas que afectan sensiblemente al poder adquisitivo de los trabajadores, sustancialmente maltrecho por la subida de la vivienda y el incremento de los tipos de interés" y le exigió "poner en marcha una política de aplicación de tarifas especiales para colectivos vulnerables y para pymes en virtud de lo dispuesto en la Directiva de la Unión Europea sobre Mercado de la Energía".
