Afirma que es sólo un borrador y que "sin duda" sufrirá cambios tras la negociación con agentes sociales y comunidades
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas el borrador de Real Decreto por el que se regula el sistema de formación profesional para el empleo, con objeto de que formulen cuantas alegaciones, observaciones y propuestas consideren oportunas, con lo que se abre de esta manera un proceso de negociación para alcanzar "el mayor nivel de acuerdo", según informó hoy el Ministerio de Trabajo.
El departamento de Jesús Caldera indica, en un comunicado, que el proyecto de Real Decreto se ha elaborado siguiendo las líneas marcadas en el acuerdo firmado el pasado 7 de febrero entre el Gobierno y los interlocutores sociales, y en el que se establece un nuevo sistema de formación profesional.
Este nuevo modelo integra en un marco único la formación continua, dirigida a los trabajadores, y la ocupacional, destinada a los desempleados, del que se informó a las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales.
Trabajo añade, ante las críticas que se han realizado sobre la eliminación de las CC.AA. de este sistema, que el acuerdo alcanzado es fruto de la Declaración del Diálogo Social firmada en julio de 2004 por el Gobierno y los interlocutores sociales, en el que se establecía que los firmantes analizarían las necesidades de formación de los trabajadores y se posibilitaría "la participación de la gestión de las comunidades autónomas".
En este sentido, afirma que tanto el proyecto de Real Decreto como el acuerdo con los agentes sociales pretenden ser "respetuosos" con el marco constitucional, como lo demuestra el "reconocimiento y profundización" que hacen de la capacidad de gestión de las comunidades autónomas.
En particular, Trabajo asegura que con el Real Decreto se culmina el compromiso de este Gobierno de avanzar en el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional en materia de gestión de formación continua, que ha venido poniendo en práctica desde 2004.
Según Trabajo, estos avances comenzaron con la Orden de 30 de junio de 2004, que regulaba las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación, y la de 30 de julio de ese mismo año, que regulaba los contratos programa. En esta última, por primera vez, se contemplaba la participación de las comunidades en la gestión de dichas iniciativas de formación.
PARTICIPACION DE LAS CC.AA.
Además, agrega que, tras los informes de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, estas órdenes han sufrido modificaciones para aclarar y delimitar la distribución competencial entre Estado y comunidades autónomas, al tiempo que se modificó la orden reguladora de acciones de formación continua en las empresa, incluidos los permisos individuales de formación, con el fin de dar participación a las comunidades en la evaluación, control y seguimiento de dichas acciones.
"Todo este marco normativo, así como el proyecto de Real Decreto que regula el nuevo sistema de formación, tiene como regla fundamental dar cumplimiento total a la doctrina del Tribunal Constitucional", reitera el Ministerio de Trabajo.
Igualmente, apunta que en lo referente al marco presupuestario, en el año 2004, el Estado se reservó para contratos programas estables el 63% de los fondos destinados a formación profesional y transfirió a las comunidades el 37% restante. En el caso de las acciones complementarias el reparto fue al 50%.
En 2005, los fondos para subvenciones quedaron distribuidos al 50% entre el Estado y las comunidades, por lo que se adelantó en un año, ya que en el compromiso acordado con las comunidades autónomas estaba fijado para 2006.
Por todo ello, Trabajo asegura que el Gobierno tiene la "firme voluntad" de seguir cumpliendo con la distribución constitucional de competencias en materia de formación de los trabajadores, y afirma que el borrador del nuevo sistema de formación es sólo el inicio del proceso de consulta y negociación que se ha abierto con las comunidades y los interlocutores.
"Sin duda, sufrirá modificaciones con el fin de alcanzar el máximo consenso y el cumplimiento de la doctrina del Tribunal Constitucional en todos sus extremos", concluye.
