MADRID (Reuters) - La asociación de inspectores fiscales españoles va a entregar al ministerio de Hacienda un extenso documento con recomendaciones para luchar contra el fraude fiscal que incluyen la propuesta de abrir la puerta a una legalización de la prostitución y el tráfico de drogas blandas para aumentar la recaudación.
"Proponemos iniciar un debate público para que determinadas actividades como la prostitución y el tráfico de drogas blandas puedan llegar a ser legalizadas, para poder luchar mejor contra los efectos adversos que puedan generar, y obtener recursos de estas actividades que permitan compensar a la sociedad sus efectos negativos", explico la asociación, que representa al 80 por ciento de los inspectores de hacienda estatales.
Además de esta iniciativa, los inspectores centran sus propuestas en medidas para paliar el fraude fiscal e incentivar la actividad económica en lo que califican como un "un auténtico documento de reforma fiscal integral".
Las propuestas incluyen la creación de juzgados especializados en delitos económicos y un endurecimiento de las penas y multas por delitos fiscales, así como elevar de 120.000 a 600.000 euros la cuantía evadida considerada delito para desatascar los juzgados.
El documento se centra en la lucha contra el fraude puro o evasión de impuestos, la elusión fiscal, la economía sumergida y los deudores morosos con Hacienda e incluye pequeñas modificaciones impositivas y la recentralización de algunos impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas con el objetivo de aflorar pagos.
El grupo de inspectores propone 200 medidas para ayudar a financiar el gasto público y pide redimensionar la plantilla de la Agencia tributaria y publicar una lista de morosos de Hacienda.
Los inspectores piden modificaciones para controlar el gasto público, dotar de más recursos al Tribunal de Cuentas y garantizar la independencia política de la nueva Autoridad Fiscal "con funcionarios no afiliados a ningún partido y de alta calidad técnica".
Además de proponer negar el indulto por delitos económicos y prohibir la financiación pública de partidos políticos, los inspectores insisten particularmente en la necesidad de resolver el problema de la economía sumergida, un campo que consideran "ineludible y desconocido".
Junto con el mencionado debate sobre las actividades actualmente "alegales" y sus negocios adyacentes, los inspectores piden dar un impulso a métodos de pago electrónicos que permitan controlar fiscalmente las operaciones e intercambiar información con la seguridad social.
El colectivo también dedica un extenso capítulo al fraude internacional y evasión fiscal, solicitando modificar el régimen de precios de transferencia o el concepto de establecimiento permanente para evitar la fuga de rentas de beneficio del país de residencia de la matriz, además de recomendar multiplicar las inspecciones multilaterales.
En relación con los paraísos fiscales, los inspectores proponen obligar a los bancos a identificar a clientes en paraísos, intercambio de información entre países, la negativa de reconocer la personalidad jurídica a empresas que operan en estos países o, incluso, la posibilidad de pago a confidentes.
El documento señala que "las amnistías fiscales y el daño de la corrupción hacen muy necesarias medidas preventivas para atacar el problema de la evasión fiscal" y proponen trabajos para concienciar socialmente sobre este problema.
Adicionalmente piden eliminar regímenes de inversión fiscalmente privilegiados, como el de las sociedades de capital riesgo.
