El Gobierno facilita el paso de militares a la administración civil

MADRID (Reuters) - El Partido Popular (PP) ha presentado una enmienda a la nueva ley de racionalización del sector público que abre la puerta a que personal militar cubra vacantes en la administración civil.

El proyecto de ley, en tramitación en el Congreso, se enmarca en los intentos del Ejecutivo por simplificar y reducir los gastos administrativos para recortar un elevado déficit público.

"El personal militar de carrera podrá prestar servicios en la Administración Civil (...) previa participación en la correspondiente convocatoria pública para la provisión de dichos puestos, y previo cumplimiento de los requisitos que, en su caso, se puedan establecer para este fin por el Ministerio de Defensa", dice la enmienda presentada por el grupo popular.

El PP, que cuenta con mayoría absoluta parlamentaria por lo que tiene garantizado el apoyo a sus propuestas, justificó la enmienda señalando que trata de regular situaciones que se están produciendo y llenar un vacío legal al respecto.

"Se trata de una situación que de hecho se produce, que en la actualidad da lugar a una laguna normativa, al no estar prevista la presencia de este personal en la Administración Civil, ni resultar de aplicación las disposiciones de la Ley de Carrera Militar", dijo el grupo parlamentario en la justificación de la enmienda.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) reclamó el miércoles al Gobierno que reactive el diálogo social para negociar medidas como ésta y otras que potencian el personal interino en la Administración.

"No parece de recibo que medidas de este calado se adopten de manera unilateral, sin negociar con los legítimos representantes de los trabajadores", dijo CSI-F en una nota.

Poco después de llegar al poder a finales de 2011, el Gobierno del Partido Popular aprobó drásticas medidas para reducir el déficit público que incluyeron la congelación del empleo público, lo que ha reducido el número de funcionarios hasta unos 2,7 millones, niveles de 2003.

Actualmente sólo se repone el 10 por ciento de las plazas de los servicios públicos considerados prioritarios, como educación, sanidad, seguridad y defensa, inspección fiscal y laboral.