Cataluña suprime también este año una paga a los empleados públicos

MADRID (Reuters) - Los empleados públicos de Cataluña no cobrarán tampoco este año el equivalente a una paga extraordinaria dentro de los esfuerzos por reducir el gasto público regional, anunció el martes el Gobierno catalán.

"Los incumplimientos del Estado y las obligaciones de hacer frente a la deuda obligan al Gobierno a mantener la reducción en las retribuciones de los empleados públicos", dijo el Gobierno catalán en un comunicado.

Con esta y otras medidas dentro del capítulo de personal, como la no sustitución de los trabajadores jubilados o la limitación de la contratación de interinos, el Ejecutivo regional prevé recortar el gasto en unos 730 millones de euros.

Cataluña, que ya ha anunciado que cerrará 2012 con una cifra provisional de déficit de alrededor del 2 por ciento del PIB - medio punto por encima del objetivo oficial -, tiene que reducir esa cifra al 0,7 por ciento este año, al igual que el resto de las comunidades autónomas (CCAA).

El posible incumplimiento de las CCAA de sus objetivos de déficit es una de las mayores preocupaciones del mercado de cara a la consecución de la meta comprometida de déficit entre España y Bruselas.

El Ejecutivo catalán considera que el Gobierno español no reparte de forma justa entre Estado central y regiones los esfuerzos de austeridad, y confía en que Madrid suavice su senda de consolidación fiscal si Bruselas da más tiempo al país para reducir el déficit.

La Comisión Europea no ha descartado que España pueda conseguir una prórroga sobre el plazo de 2014 para reducir el déficit público por debajo del 3 por ciento del PIB debido a la profunda recesión de la economía española que ha llevado la tasa de paro al 26 por ciento.

Cataluña es una de las regiones más ricas de España, pero también la más endeudada, y ha solicitado 9.073 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para pagar los vencimientos de bonos y financiar el déficit de este año.

La eliminación de la paga extra de Navidad de 2012 para todos los empleados públicos españoles fue decidida por el Gobierno central el pasado verano dentro de un amplio paquete de reformas para reducir el gasto público.