EL CAIRO (Reuters) - El presidente egipcio, Mohamed Mursi, convocará elecciones parlamentarias que empezarían en abril, según dijo el jueves a Reuters una fuente presidencial diciendo que la votación se celebraría en tres o cuatro fases.
El Consejo Shura, la Cámara Alta del Parlamento, había aprobado antes el jueves una ley electoral enmendada por el Tribunal Constitucional, abriendo camino para que Mursi fije una fecha para las elecciones a la Cámara Baja.
"El presidente emitirá pronto un decreto, podría ser esta noche, convocando elecciones que empezarían en abril", dijo la fuente a Reuters.
La votación se celebraría en etapas en distintas regiones debido a la escasez de observadores electorales. Las últimas elecciones parlamentarias, ganadas por los islamistas, se celebraron entre finales de noviembre de 2011 y enero del año siguiente.
Se esperaba que Mursi ratificara la ley electoral el 25 de febrero. La Cámara Baja fue disuelta el año pasado después de que el tribunal determinara que la ley original empleada para elegirla era injusta.
Es probable que la nueva cámara tenga que decidir sobre las duras medidas económicas que pide el Fondo Monetario Internacional a cambio de un préstamo de 4.800 millones de dólares que Egipto necesita para abordar una crisis económica.
El Tribunal Constitucional pidió el lunes que se cambiaran cinco artículos de la ley electoral revisada. El Consejo Shura aceptó su decisión y aprobó la legislación sin votación el jueves.
"La decisión del Tribunal Constitucional es vinculante y no tenemos derecho a votar sobre ella. Debe salir adelante", dijo el presidente del Consejo, Ahmed Fahmy.
La nueva ley prohíbe que los miembros del Parlamento cambien su afiliación política una vez elegidos. Bajo el régimen del derrocado presidente Hosni Mubarak, con frecuencia se engatusaba a los independientes para que se sumaran al gobernante Partido Democrático Nacional, que monopolizaba el Parlamento y la vida política antes de la revolución de 2011.
La ley también estipula que un tercio de la Cámara Baja debe adjudicarse a independientes, y prohíbe a los ex miembros del ahora difunto partido oficialista participar en la política durante al menos diez años.
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