MADRID (Reuters) - El menor coste de financiación de la deuda por una mayor confianza inversora en España permitirá, a juicio del Gobierno, aumentar el presupuesto para la obra civil el próximo año sin comprometer los objetivos de déficit.
"La estabilidad en los mercados y algún pequeño ajuste interno van a permitir contar con un margen adicional de al menos 500 millones de euros (...) cifra que podría ser ligeramente superior", dijo la ministra de Economía, Elena Salgado, tras un encuentro con el titular de la cartera de Fomento, José Blanco.
El ajuste, adelantado hace unos días por el presidente del Gobierno y que tuvo un efecto negativo sobre los diferenciales de la deuda española, no comprometerá en todo caso el objetivo de reducir el déficit público al seis por ciento del PIB en 2011 y tampoco modificará el techo de gasto, dejó claro Salgado.
En contra de lo especulado recientemente en medios tras unas declaraciones del propio ministro de Fomento, el mayor volumen de inversión será posible también sin necesidad de ajustes en los impuestos.
"Para cumplir ese objetivo de déficit (2011-2013) entendemos que esa estructura fiscal que tenemos en este momento es suficiente", dijo la titular de Economía, que también descartó expresamente modificar en este momento el impuesto de sociedades o crear un impuesto específico para el turismo.
En materia impositiva, Blanco sí admitió la posibilidad de abrir el debate sobre financiar el mantenimiento de carreteras mediante la implantación de la denominada "euroviñeta" (una forma de peaje diseñada fundamentalmente para transportistas por el uso de autopistas, en vigor en Francia y a punto de aprobarse en Francia).
"Cada día gastamos 6 millones de euros en conservación (de carreteras) (...) y se podría abrir una reflexión sobre la implantación de fórmulas (de financiación) como una euroviñeta", dijo Blanco.
TECHO GASTO, INTOCABLE, MENOR COSTE DEUDA
El Congreso aprobó recientemente un recorte del 7,7 por ciento en el techo del gasto para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011, establecido en 122.256 millones de euros.
Salgado, que no quiso detallar los "ajustes internos" a los que se refería ya que serán desvelados en la elaboración concreta de los presupuestos, explicó que el aumento de inversiones se financiará de manera "sustancial" con un menor coste de financiación de la deuda pública, tras bajar los tipos de interés de las últimas emisiones del Tesoro en un clima de mayor confianza.
Tras la reciente publicación de los datos de estrés test de la banca, España vio reducir notablemente la presión de los inversores que dudaban de la sostenibilidad de la solvencia del país, lo que ha redundado en un menor coste de financiación con emisiones de papel público.
Después de las pruebas de estrés el diferencial del bono hispanoalemán a diez años cayó hasta el entorno de los 128 puntos básicos desde más de 200, aunque tras el anuncio del presidente del gobierno de retomar algunas obras públicas volvió a subir hasta los 183 puntos básicos. En la jornada del miércoles, la prima rondaba los 159 puntos básicos.
LA PRESIÓN DEL SECTOR
El vital sector de la construcción - en 2009 supuso un 10 por ciento del PIB nacional y un 10,3 por ciento del empleo - había manifestado su gran disconformidad con los planes de austeridad que aprobó el Parlamento para cumplir con las exigencias de Bruselas de reducir el abultado déficit público.
En un momento en el que el paro es la principal preocupación del país, con más de cuatro millones de parados, la patronal del sector estimó que el recorte en obras previstas de 6.500 millones de euros podría desencadenar la pérdida de más de 100.000 empleos.
Además, la presión del sector aumentó después de que la Federación Española de Municipios emplazase también al Gobierno a levantar la restricción de crédito impuesta a los ayuntamientos a partir de 2011 bajo amenaza de no poder pagar servicios básicos.
Las constructoras tienen gran parte de su negocio también en los servicios públicos de los ayuntamientos -basuras, jardines, agua- y según una información recientemente publicada en El País, tienen deudas pendientes de cobro de los ayuntamientos por valor de 3.500 millones de euros.
La presión llevó a Moncloa a convocar una reunión "privada" entre el presidente del Gobierno y los responsables de las seis mayores constructoras del país, aunque la filtración provocó que la reunión se desconvocase.
En la rueda de prensa celebrada el jueves, el Ministro de Fomento dijo que no hay previsión de una reunión del sector con el presidente del Gobierno, aunque fuentes del sector explicaron que había intención de retomar el encuentro.
