Armadores y sindicatos alertan del impacto social de un veto al atún rojo

Bruselas, 12 mar (EFE).- Armadores y sindicatos europeos han lamentado hoy el apoyo de la Unión Europea (UE) a la propuesta para prohibir el comercio internacional del atún rojo y han advertido del fuerte impacto "socio-económico" que tendrá esa medida, si finalmente sale adelante.

Las organizaciones Europesca -empresas pesqueras-, Cogeca -cooperativas- y la Federación europea de Trabajadores del Transporte (ETF, siglas en inglés) han alertado, en un comunicado, de las implicaciones laborales que puede tener un veto a la comercialización y a la pesca de ese pez.

Sindicatos y pescadores han reaccionado así a la decisión, ratificada hoy por el Consejo de la UE, de respaldar esa restricción en la reunión que celebrarán a partir de mañana, en Doha (Qatar), los 175 países de la Convención del Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Los agentes sociales, según el comunicado, han criticado que la UE no haya tenido en cuenta las "duras" consecuencias socio-económicas de un eventual veto a la venta exterior de atún rojo.

En este sentido, han afirmado que la decisión debería basarse en informaciones científicas "evidentes" sobre la situación de la especie, que por el momento "no han dado los promotores de la prohibición".

Armadores y sindicatos han lamentado que el debate sobre el atún rojo haya sido "conducido" por entidades que no tienen ni la "autorización, ni la preocupación ni responsabilidad social".

Por este motivo, han instado a la Comisión Europea (CE) a preparar una evaluación científica independiente sobre las existencias de atún.

Además, han calificado de "inaceptable" que, como declaró la CE, que en el caso de que haya ayudas a las flotas afectadas procedan del Fondo Europeo de la Pesca, porque los países ya han hecho uso de sus dotaciones.

Los pescadores y los sindicatos han reclamado medidas específicas para compensar económicamente a los armadores y formar a los trabajadores y para ello, solicitan a Bruselas una reunión con todas las partes interesadas, entre ellos los países, el Parlamento Europeo y los agentes sociales.