
Las continuas protestas, la mendicidad y mafias organizadas y los manteros, tienen en jaque a los comerciantes de Preciados, Carmen y adyacentes, que solicitan ayuda a la Administración
En pleno centro histórico de Madrid, junto a la Puerta del Sol, se encuentran las calles Preciados, Carmen y Arenal, el primer centro comercial abierto en nuestra capital, con la mayor oferta en grandes almacenes, moda, zapaterías y complementos, unido a una gran variedad de establecimientos de ocio, hostelería y restauración. Así reza la presentación de la Asociación de Comerciantes de las Calles Preciados, Carmen, Arenal y Adyacentes (Apreca). Una asociación que se constituyó hace 30 años con dos cometidos fundamentales: "La defensa de los comerciantes ante la Administración y la ornamentación e iluminación en las campañas de Navidad, ya que antes no se encargaba el Ayuntamiento", explica Paloma de Marco, su presidenta desde hace dos años.
A las calles Preciados y Carmen se añadieron comercios de Arenal y otras calles de la zona y también socios industriales. "Queremos hacer una asociaciación territorial fuerte. Ya somos fuertes pero, a veces nuestros socios se preguntan por qué no somos más radicales con las manifestaciones. Lo que pasa es que la Administración no siempre hace lo que uno quiere. Pertenecemos a la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM)", explica de Marco. "Además, nuestra línea de actuación no es de encadenarse a vallas y cosas así, queremos hacer entender al Ayuntamiento cuál es nuestra posición y lo que creemos mejor para nosotros y para todos", señala Javier Llerandi, secretario de la asociación.
"Aunque existe una ley de manifestaciones que defiende a los manifestantes, tiene que existir -también dentro de esa ley-, una parte que tiene que defender los derechos y los intereses del resto. Es decir, tú tienes derecho a manifestarte, pero yo también tengo derecho a que tú no me perjudiques. Hay que buscar la línea media para que el derecho de manifestación no nos perjudique a los comerciantes", explica de Marco.
El problema no es una manifestación aislada, el problema es la cantidad de ellas que hay. "El año pasado se celebraron unas 860 en el centro. Salimos a tres diarias, algunas fijas", cuenta Llerandi. "Creemos que la Administración tendría que poner un coto de un número de manifestaciones al año o no permitirlas en la época de Navidad, por ejemplo". De Marco se refiere al pasado mes de diciembre cuando todos los fines de semana hubo manifestación en Preciados a las 19:00 horas.
La Constitución reconoce el derecho de reunión y manifestación, pero cuando ocurren en lugares públicos por temas como la seguridad o el peligro de aglomeraciones, la delegación de Gobierno puede cambiar la fecha o el itinerario. "Hablamos de este tema con la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, pero nos dijo que tiene las manos atadas, ya que cuando se ha llevado alguna manifestación a los tribunales, en el 99,9 por ciento de ocasiones dan la razón a los manifestantes porque prima el derecho de manifestación sobre la seguridad de las personas, cosa que no es así".
"El problema es que tendríamos que ir de la mano con el concejal de Centro y este está con el manifestante de Jaén, por ejemplo, y no con el contribuyente de aquí", concluye de Marco.