El juez Alba solicita al TSJC la nulidad de todo su caso desde su apertura

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jul (EFE).- El juez Salvador Alba ha solicitado esta mañana al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la nulidad de todo el procedimiento por el que se enfrenta a una posible condena de diez años de cárcel desde su inicio, por haberse abierto sobre dos grabaciones "manipuladas".

En el trámite de cuestiones previas, el letrado de Alba, Nicolás González-Cuéllar, ha pedido a la Sala de lo Penal del TSJC que proteja los derechos constitucionales de su cliente, que considera vulnerados por una grabación hecha sin su conocimiento y luego entregada a la Justicia en una versión supuestamente "manipulada".

La grabación que impugna la defensa, que durante toda la instrucción ha sido considerada válida como prueba por la misma Sala de TSJC que juzga el caso, reproduce la conversación que mantuvieron el 16 de marzo de 2016 Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez.

En ese momento, Alba sustituía en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria a Victoria Rosell, que había pedido la excedencia para presentarse a las elecciones generales como candidata de Podemos al Congreso por la provincia canaria.

En los meses previos, Rosell había tramitado una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos contra Ramírez por un presunto fraude fiscal y a la Seguridad Social cometido a través de Seguridad Integral Canaria, de la que pasó a hacerse cargo Salvador Alba.

La reunión entre Alba y Ramírez se celebró en el despacho de este en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria y fue grabada de forma disimulada por el empresario, que la entregó a un juzgado en cuando el ahora procesado cesó en sus funciones de sustitución de Victoria Rosell.

La Fiscalía de Canarias y el resto de acusaciones sostienen que en esa grabación se escucha cómo Alba da orientaciones a Ramírez sobre lo que tiene que decir para perjudicar a Victoria Rosell, a cambio de supuestos beneficios procesales para él en la causa en la que se le imputan delitos fiscales en Seguridad Integral Canaria.

En concreto, Ramírez tendría que declarar, cuando Alba le citara oficialmente, que mantenía relaciones económicas y comerciales con el periodista Carlos Sosa, pareja de Rosell, lo que cuestionaría la independencia con que esta había tramitado hasta entonces su caso.

El letrado de Alba ha citado sentencias recientes del Tribunal Constitucional que, a su juicio, avalan su criterio de que se vulneró el derecho a la intimidad de su cliente al grabarle en una conversación en su despacho sin su permiso ni conocimiento.

Pero sobre todo subraya el detalle de que, en un primer momento, Ramírez aportó al juzgado dos audios extractados y editados de su conversación con Salvador Alba, con los que abrió el procedimiento que ahora sienta en el banquillo al magistrado por delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos y falsedad.

Y, según la defensa, eso vicia de nulidad toda la causa, por haberse abierto sobre audios "manipulados", no sobre la grabación original y el dispositivo empleado para registrarla, que fueron aportados más adelante. Este último paso, alega González-Cuéllar, "no puede convalidar" la vulneración de los derechos de su cliente.

La defensa ha pedido además al TSJC que escuche como testigo a un antiguo socio de Ramírez, Héctor de Armas, que ha entregado a su cliente una carta en la que relata cómo el empresario preparó su reunión con el juez y cómo planeó grabarle con el supuesto objetivo de luego presionarlo para obtener ventajas procesales en su caso por delitos fiscales y contra la Seguridad Social.

El TSJC ha suspendido la vista unos minutos para leer los documentos aportados por la defensa y dar tiempo a las acusaciones para que preparen las alegaciones que quieran realizar al respecto.